Hay más: se ha hecho pública la exigencia de que los efectivos militares se retiren del campo y de las ciudades. Nadie puede imaginar, o mejor dicho justificar, que se restrinja la permanencia de militares y policías donde viven los ciudadanos que requieren protección.

Con la pretensión de algunos pobladores de la zona cocalera de Chapare de regirse independientemente, es decir sin intervención de la autoridad nacional, se contraría la existencia de un elemento básico de un Estado: la soberanía territorial. En efecto, “la soberanía territorial es el conjunto de los poderes que el Estado ejerce sobre su propio territorio”.

“La soberanía territorial es el poder de actuación exclusiva que el Estado tiene sobre un territorio…”. (Gerardo Martínez García. Los derechos territoriales del Estado. La Gaceta Jurídica. 04.10.2014).

No solo se trata de la doctrina jurídica que define los derechos soberanos del Estado, sino también nace de la obligación de todo gobierno de proteger a la población. El ministro Yerko Nuñez, con propiedad, se refirió a la acción de las instituciones encargadas de cuidar la paz y la seguridad de los ciudadanos: “Estos son patrullajes rutinarios que consideramos que se deben hacer permanentes para luchar contra el terrorismo, para lograr consolidar la pacificación de Bolivia, la estabilización de la democracia”.

Si los pobladores de Chapare, especialmente los miembros de los sindicatos de cocaleros que se ubican en la oposición, están dispuestos a no alterar la paz social, de evitar enfrentamientos y de respetar las leyes, no tendrían que objetar el patrullaje de militares y policías.

No es con amenazas que se consiguen beneficios para un sector o para una parte del territorio nacional. La cordura, el respeto mutuo, el diálogo honesto y la decisión de cuidar la institucionalidad democrática, son indispensables para la convivencia solidaria de los ciudadanos y para concertar medidas en favor del desarrollo y la paz.