El Tribunal Constitucional ha terminado con esta crisis vinculada al tiempo de la permanencia de Jeanine Áñez en el poder, y que fuera provocada por la renuncia y posterior huida de Evo Morales y Álvaro García Linera luego del monstruoso fraude electoral. El gobierno transitorio, en principio, tenía que completar el periodo presidencial de Evo Morales que concluye este 22 de enero.

Sin embargo, como no existen autoridades elegidas y el Estado no puede quedarse sin un presidente, que lo represente y dirija, Jeanine Áñez tiene que seguir gobernando hasta que se tenga un nuevo gobierno elegido y posesionado el 6 de agosto. La legitimidad de la presidenta no viene sólo por su investidura sino igualmente por el cumplimiento de la agenda pactada: designación de nuevos vocales electorales, convocatoria a elecciones generales y pacificación del país, de modo que no se le puede objetar nada.

La Ley 1266 de 24 de noviembre de 2019 implícitamente ya ampliaba su mandato, por cuanto anuló las elecciones fraudulentas y resolvió llevar a cabo un nuevo proceso electoral, imposible de realizarse antes del cronograma establecido por el Tribunal Supremo Electoral, que es el bien mayor igualmente que se busca precautelar. Por ello, el Tribunal Constitucional ha encontrado, haciendo una interpretación integral y provisora, sistemática y de concordancia práctica, que tiene que prorrogarse su mandato para salvaguardar la democracia y el sistema constitucional boliviano.

Ha tenido que tomarse en cuenta, también, el precedente que existe en la misma Constitución de 2009, cuando entre las disposiciones transitorias estableció excepcionalmente la prórroga del mandato de alcaldes, concejales municipales y prefectos de departamento. Al contrario, el rechazo a la prórroga del mandato de la presidenta Jeanine Áñez, hubiera generado un vacío de poder de imprevisibles consecuencias.

En la interpretación previsora o prudente, la justicia constitucional ha considerado las repercusiones de su decisión y la virtual afectación de derechos y garantías constitucionales, así como los principios de funcionalidad, eficacia y eficiencia, debiendo optar por la adecuación de los formalismos procesales a las exigencias sustanciales. La parte dogmática de la Constitución se caracteriza por su directa aplicación y cuya materialización no necesita ley de desarrollo previa. Y al contrario merced al principio de legalidad, que constituye uno de los pilares esenciales para el ejercicio de la función pública, la parte orgánica de la Constitución, para su aplicación, necesita leyes expresas de desarrollo, las cuales deben emanar de la asamblea legislativa plurinacional.

La asamblea legislativa representa al pueblo y detenta la soberanía popular y de ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, según el artículo 7 de la Constitución. Este cuerpo legislativo tiene la obligación de hacer efectivas las normas constitucionales, que en esencia son normas que cristalizan y encarnan los preceptos orgánicos en el marco de los valores y principios instituidos por la Constitución.

En todo caso, se necesita la continuidad del gobierno no sólo para honrar la agenda de diciembre, garantizar el Estado Constitucional de Derecho y seguir en la recomposición de la institucionalidad del Estado (restablecer la independencia de poderes y las libertades públicas), sino además desmontar una serie de prácticas abusivas y verdaderas mafias que existen incrustadas en algunas instituciones. Tampoco hay que olvidarse de que las nuevas generaciones demandan democratizar la democracia, el respeto a las minorías, la tolerancia política, el consenso, el diálogo, el debate democrático, y la libertad de expresión para una verdadera convivencia democrática.