Prueba de ello son los recientes audios del pasado domingo en radio Kawsachun Coca, donde llama a conformar “milicias armadas del pueblo”, similares a las existentes en Venezuela y, con ello, complica aún más su situación jurídica en el país, por los delitos de instigación pública a delinquir, sedición y terrorismo. De hecho, la pretensión de formar grupos irregulares armados desnuda su condición de terrorista y sedicioso confeso y es prueba plena de su accionar delictivo, subversivo y desestabilizador contra el gobierno de Jeanine Áñez.

Sus declaraciones, al margen de ser exabruptos a los que ya nos tiene acostumbrado este insigne autócrata, han sido ampliamente cuestionadas desde esferas gubernamentales al igual que su propio partido, quienes rechazaron su propuesta y le han pedido evitar este tipo de declaraciones públicas que violan el ordenamiento jurídico constitucional. Omar Aguilar, senador del MAS, afirmó que Morales, además de perjudicar electoralmente a su propio partido -pues da cuenta de un sabotaje interno al propio precandidato masista-, se ha convertido en el jefe de campaña ideal de la derecha.

De igual forma, este nuevo desatino empieza a cobrar fuerza en el país vecino, donde varios sectores políticos rebaten la condición de refugiado amparado por el peronista Alberto Fernández y, al parecer, con una sola condición: “no hacer declaraciones políticas”. Lamentablemente, Morales hace todo lo contrario, desde visitar frecuentemente la Quinta de Olivos (residencia presidencial), concesión de todo tipo de reportajes a medios de comunicación, intensa actividad en redes sociales y participación en actos políticos.

Ante tales evidencias, la Unión Cívica Radical (UCR), histórico partido argentino, objetó que su gobierno continúe acogiéndolo y brindándole micrófono abierto, para seguir atentando contra la paz y la democracia; pues sus aseveraciones representan amenazas explícitas al proceso de normalización de las instituciones del Estado boliviano, no descartando inclusive gestiones para exigir el retiro del estatus de refugiado político aún en trámite.

La cancillería ha solicitado formalmente repudiar estas prácticas reñidas con la ley y el orden público, haciendo entrever que Morales induce al Estado argentino a infringir normas y principios internacionales que prohíben la injerencia en asuntos internos de otra nación, la agresión, la violación a los derechos humanos y el territorio. Amparado en la figura del refugio, ha cruzado la línea de la legalidad, pues continua incitando a la violencia, el odio, la discriminación, la subversión y el terrorismo, resguardado por un gobierno y territorio, que le ofrece todas las condiciones operativas para vulnerar la democracia y el estado de derecho en Bolivia.

Lo cierto es que la propuesta de Morales, al margen de ser ilegal e inaceptable, constituye una peligrosa señal que potencia nuevos escenarios de violencia y confrontación entre bolivianos. La conformación de grupos paramilitares y parapoliciales, portadores de violencia ilegítima, no son acordes al estado moderno que reclama y demanda para sí, el control absoluto de la violencia física legítima regulada y administrada constitucionalmente por las fuerzas de seguridad del orden público y la preservación de la soberanía como exclusivas de la estructura estatal, efectivizada a través de las fuerzas policiales y militares, que a su vez dependen única y exclusivamente de las autoridades civiles electas.