Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: viernes 17 de enero de 2020
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha declarado que la prórroga de las funciones del Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez más allá del 22 de enero –cuando se cumplen los cinco años del mando de las autoridades nacionales electas, no vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).
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Se trata, obviamente, de una noticia importante por cuanto despeja las dudas que existían no solo sobre si era legal que el mandato rebase la fecha señalada sino también sobre la sucesión constitucional.
La ley de ampliación de mandato está actualmente en curso de sanción, sin contratiempos, en la Asamblea. Esa ley no amplía solo el mandato de la Presidenta sino también el de los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional ya que se debe mantener el sistema de pesos y contrapesos que es el espíritu de nuestra Constitución.
Hasta ahí todo tiene sentido, está enmarcado en el orden establecido por la CPE. Pero existe un detalle de esencia eminentemente política y que rebasa el esquema estrictamente jurídico y constitucional. Ese aspecto es que el Órgano Legislativo en funciones, cuyo mandato se está prorrogando, es el mismo que ha estado buscando la manera de entorpecer la gestión de Áñez y dar inmunidad a Evo Morales y a los dirigentes del MAS que están acusados de la comisión de delitos comunes.
Es decir, se extiende el mandato de una Asamblea Legislativa mayoritariamente integrada por la oposición, por asambleístas pertenecientes al Movimiento al Socialismo, partido excluido del Poder Ejecutivo.
No es la primera vez que Bolivia vive una situación política de esta naturaleza. Al principio del periodo democrático imperante desde 1982 ocurrió lo mismo. El Congreso que entró en funciones, junto al presidente Hernán Siles Suazo, estaba estructurado a partir de las elecciones de 1980 y era opositor, pues la mayoría de sus senadores y diputados pertenecían al MNR y a ADN, partidos excluidos del Poder Ejecutivo de ese entonces.
Es cierto que las circunstancias políticas, económicas y sociales son muy distintas. Es cierto también que en esa mayoría parlamentaria opositora existe una fuerza suficiente que está comprometida en llevar a buen fin el proceso democrático que conducirán a los comicios generales del 3 de mayo donde elegiremos a nuestros gobernantes y representantes parlamentarios que manejarán los destinos del país hasta 2025.
Esta cohabitación democrática es una muestra de que la democracia boliviana madura y se consolida.
