Esto es lo que sucedió en las elecciones judiciales de diciembre de 2011, porque la forma manipulada en que el gobierno y el MAS condujeron la selección de los postulantes al Órgano Judicial Plurinacional (OJP) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue tan grosera que la población optó mayoritariamente por el voto en blanco o anuló su voto. Pese a esa clara señal, el oficialismo decidió validar el resultado de esas elecciones, decisión errada dados los desastrosos resultados, pues esas entidades se encuentran corroídas por la incompetencia y la corrupción, como pocas veces en su historia.

Pese a esa experiencia y a las exhortaciones y reflexiones que desde diversos ámbitos de la sociedad se han hecho, las autoridades y dirigentes del MAS han repetido similar historia y están candidateando ciudadanos, hombres y mujeres, que lamentablemente tienen, sea o no cierto, el estigma de ser adherentes del partido de gobierno o del proceso político que éste conduce.

De ahí que nuevamente la consigna de anular el voto se está generalizando. Y no se trata, como con absoluto desprecio a la inteligencia ciudadana han dicho algunas autoridades como el Vicepresidente del Estado y el Ministro de Justicia, de que quien opta por esa opción o es antidemocrático o quiere que se mantenga el actual estado de crisis del OJP y el TCP. Quienes en verdad han conducido a que esa opción crezca son ellas mismas al proceder como lo han hecho.

La ciudadanía tiene, pues, el derecho de elegir con su voto a algunos de los candidatos que tercian en estas polémicas elecciones, como también de votar en blanco o anular su voto. Lo que no puede, porque está legalmente prohibido, es abstenerse de votar, pues se trata de un derecho y una obligación constitucionalmente consagrados.

Desde otro enfoque, hay que insistir en que obsesionados por prorrogarse a como dé lugar en el ejercicio del poder y hacerlo en forma progresivamente hegemónica, las autoridades han perdido una nueva oportunidad para aportar a un genuino proceso de reforma del OJP y el TCP, tarea que más temprano que tarde deberá ser encarada si se quiere garantizar la pacífica convivencia social, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos ciudadanos frente al avasallamiento del poder.

Las autoridades han perdido una nueva oportunidad para aportar a un genuino proceso de reforma del OJP y el TCP, tarea que más temprano que tarde deberá ser encarada si se quiere garantizar la pacífica convivencia social, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos ciudadanos frente al avasallamiento del poder.