«Nosotros consideramos que esa es una ley innecesaria, inconstitucional. La misma Constitución Política del Estado (CPE) garantiza los derechos de los ciudadanos, no se tiene por qué hacer una nueva ley», dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
Legisladores de Unidad Demócrata (UD) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) denunciaron que ese polémico proyecto de ley sancionado el martes por la Cámara de Diputados fue diseñado para proteger a los responsables de la ola de vandalismo y violencia que detonó las fallidas elecciones del 20 de octubre.

Ese proyecto fue aprobado el viernes por el MAS en la Cámara de Senadores sin contar con el informe previo de la Comisión de Constitución que preside el senador de UD, Oscar Ortiz.
«Nosotros vamos a hacer la consulta, apenas llegue esa ley acá (al Ejecutivo), al Tribunal Constitucional para que nos diga si es una ley que debiera ser aprobada o es una ley que prácticamente ya la establece la Constitución Política del Estado y, por lo tanto, tiene que ser rechazada», agregó Núñez.

Advirtió que esa normativa vulnera la independencia de poderes y que en el fondo las organizaciones afines al MAS buscan dejar en la impunidad los delitos que cometieron las exautoridades.

«Este Gobierno ha dicho claramente que hay independencia de poderes, el poder Ejecutivo no puede tener injerencia en el poder Judicial», señaló.