En el fondo, sabemos que no se lo puede tener todo –como quisiera, ingenuamente, un infante– y a veces hay que elegir a la menos mala de entre las opciones disponibles, incrementándose el nivel de dificultad si el asunto es seleccionar a quienes se harán cargo del gobierno, un temible aparato de poder que ejerce, en dosis iguales, la potestad pública tanto para proteger y cuidar, como para reprimir y destruir.

Esto exige al ciudadano, hoy más que nunca, estar informado y actuar con tino e inteligencia a la hora de elegir. Pero sería injusto volcar toda la carga de un proceso de semejante envergadura para la democracia solo a los electores, pues semejante tarea debe ser distribuida entre todos los actores políticos, desde la burocracia electoral hasta los dispositivos normativos estatales, pasando por los medios e incluyendo, como es lógico, a aquellos actores que de un modo u otro determinan la oferta política –el mercado de las ilusiones–, como los partidos y sus candidatos, quienes, en mi concepto, anteponen recurrentemente sus intereses personales y/o de grupo a las necesidades de recomposición del sistema político y el bienestar común, confundiendo con demasiada frecuencia la idea de pluralidad con la de fragmentación. Esos dos conceptos, si bien similares, son en el fondo muy distintos. El primero alude a realidades sustancialmente opuestas que coinciden en tiempo y espacio, mientras que el segundo, se vincula a una misma realidad sustantiva, tanto en tiempo y espacio, pero que por diferentes motivos, se divide o fracciona.

En este orden de ideas, vemos que en el proceso electoral en puertas se presentan las dos características anotadas: a) Por un lado, un marcado pluralismo, con dos líneas de pensamiento y formas de ejercer el poder y el gobierno notoriamente diferentes: la del MAS, de discurso nacionalista, social-popular y comunitarista, frente a los restantes partidos, de matriz, digamos, de restauración institucionalista y de base liberal, al menos parcialmente; y b) Por otro lado, un estadio de fragmentación acusada que se genera precisamente al interior de cada una de las dos representaciones antes indicadas, i. Con menor intensidad, en la línea del MAS, en la que se observan atisbos de conflicto interno pero que podrían ser resueltos con relativa facilidad dado el talante verticalista con el que se toman las decisiones en ese partido, posibilitando una sola candidatura, y ii. Mucho más intensa en el conjunto de partidos que comparten en lo esencial visiones de gobierno más o menos similares, pero que en razón de intereses más de orden personal o sectario que a posicionamientos centrados en el bienestar colectivo, deciden competir por separado, fragmentando la oferta al margen de cualquier pluralidad sustancial, ya que son todos más o menos lo mismo pero discurriendo por separado.

Por consiguiente, quienes celebran la sobrecarga de partidos y candidaturas en competencia –proclamándola como una señal de recuperación democrática a partir de la emergencia de un supuesto pluralismo político– se equivocan, puesto que esa tan ansiada pluralidad, si bien existe, se limita, como se tiene dicho, solo a la relación contradictoria entre el MAS y el universo de partidos restantes que se le contraponen, instalándose en el resto nada más y nada menos que una suerte de simple fragmentación sustentada en intereses particulares y partidarios, lo que es incompatible con la función central de los partidos políticos, que es promover el debate público y agregar –no disgregar– las demandas y anhelos ciudadanos, materializándolos en proyectos de gobierno.

¿Qué repercusiones tendrá esto? Es simple, toda fragmentación tiende a favorecer, por regla general, al oponente que más cohesión interna logre, por consiguiente, favorecerá en todo caso al MAS, salvo que esta tienda política también caiga en este perverso juego, con lo que la atomización se extenderá a todo el sistema. De producirse este escenario, sobrevendría aquello que en los arreglos institucionales de raigambre presidencialista, como el nuestro, se conoce como “gobierno dividido”, esto es, un Ejecutivo sin la suficiente mayoría parlamentaria para ejecutar sus políticas de forma ágil y eficaz –incluso con riesgo de inmovilización por bloqueo– siendo ineludible recurrir a pactos y acuerdo parlamentarios que en una situación de normalidad democrática podrían ser perfectamente posibles e incluso altamente favorables para la calidad política, pero que en contextos como el nuestro enfrentaría dificultades de considerable dimensión, esto además considerando que el estilo de gobierno instaurado en el dilatado periodo de concentración del poder guiado por el MAS atrofió las capacidades políticas de los actores, anquilosándolas por desuso.

En conclusión, una eventual fragmentación política –no pluralista– de intensidad considerable en las próximas elecciones, pondría en riesgo una adecuada reconducción democrática, teniendo siempre presente que el Gobierno que de ellas emerja tendrá la responsabilidad histórica de reconstruir las institucionalidad constitucional y en condiciones quizás desfavorables, marcadas por un probable escenario de recesión económica y unas condiciones de estabilidad social de fragilidad notoria, lo que necesitará un aparato de gestión pública solvente, técnica y políticamente, operando en un marco de gobernabilidad medianamente favorable.

Harían bien los electores en cualificar su voto y los políticos en ceder a sus ambiciones para reducir al mínimo el riesgo de fragmentación advertido, sin caer en la ingenuidad de la “candidatura única”. Que lo ocurrido en las últimas elecciones argentinas nos sirva de ejemplo.