Como consecuencia de este tipo de cultura y comportamiento en el país no existe ningún tipo de seguridad y de confianza lo que repercute en la vida diaria donde enfrentamos situaciones caóticas y llena de incertidumbre, pues la gente que ya no cree en nada ni en nadie asume como un hecho ineludible la anomia. De esta manera, cuando se enfrenta a un problema, una necesidad, una aspiración; antes de razonar, analizar y plantear argumentos y propuestas, procede inmediatamente con los paros y bloqueos, pensando que presionando al Estado y perjudicando al ciudadano lograrán que el Jefe, el Jilakata, solucionara con una ley o un decreto todos sus problemas personales y corporativos. 

La práctica diaria enseña a la gente que la Justicia está totalmente politizada y manipulada y que los opositores son culpables por el solo hecho de serlo, mientras los fieles seguidores y amarra wuatos del gobierno son unos angelitos intocables por los tribunales. 

Para asegurar esto el Gobierno simulador del cambio en la selección de los jueces y fiscales no se preocupa de los méritos, la idoneidad profesional y los principios y valores éticos, sino de su obsecuencia absoluta a los dictámenes del Jefe.
La política gubernamental, aplicando eso que llaman socialismo comunitario, castiga la inversión privada y sanciona la formalidad, de ahí que no es raro escuchar a la gente usando la nueva lógica del proceso de cambio; por ejemplo los comerciantes de ropa usada declaran ante la prensa: “Nosotros no somos contrabandistas, pero nuestra mercadería que ingresa es de contrabando. No es que estemos defendiendo el contrabando sino nuestra fuente de trabajo”. Podríamos decir, no defendemos el narcotráfico, sino nuestra fuente de trabajo.

Producto de la ausencia de garantías a la inversión y la inseguridad jurídica la informalidad se extendió cada vez más vía el comercio ilegal, el contrabando, los cultivos ilegales de coca y el narcotráfico; lo que está dando paso a que los carteles internacionales de la droga se asienten en el país. 

A su vez y ante la ausencia de inversión empresarial, el empleo informal en el país supera al setenta por ciento y sigue creciendo por la presión y acoso gubernamental sobre las empresas productivas formales y sobre todo por la absoluta falta de confianza.

Durante la década pasada, gracias a los buenos ingresos producto de los altos precios del gas y los minerales y de un desenfrenado endeudamiento, se vivió una aparente bonanza y todo ese dinero, como nunca antes visto, se malgastó en corrupción, burocracia y en inversiones faraónicas y fraudulentas, las que las futuras generaciones con poca plata y gran esfuerzo tendrán que pagar.

Hasta ahora mucha gente se siente satisfecha, pues como señala la sabiduría popular “con plata hasta la pobreza es llevadera”, pero ahora toca el momento de pagar las deudas y trabajar arduamente para reconstruir  la destrucción institucional y económica dejada por los masistas. 

Y ahora nos viene el trabajo de recuperar la democracia, que como decía John Locke: “la delegación de la soberanía popular está condicionada: el pueblo no acepta deshacerse de su soberanía más que a cambio de garantías que tienen que ver con los derechos fundamentales y con las libertades individuales. El papel de los representantes debe estar reducido al máximo; el mandato representativo pierde cualquier legitimidad desde el momento en que sus fines y proyectos no corresponden a la voluntad general”.

Actualmente el sistema judicial no es independiente ni creíble, su rol es el de un mecanismo de amedrentamiento y persecución contra cualquier opositor o librepensante y en este mundo del autoritarismo es cosa de todos los días ver cómo se levantan decenas de procesos contra los opositores, los que son perseguidos por los tinterillos, huayralevas y fiscales.

Ante esta situación, algunos sectores políticos plantean acudir a la justicia internacional y por ejemplo aplicar la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más conocida como la Convención de Palermo, que es un tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional y que fue adoptado en el año 2000 y del que Bolivia es signatario.

Al respecto se arguye que existe una amplia y variada documentación sobre el tema del narcotráfico, lavado de dinero y violación de derechos humanos y estos delitos colocarían al Gobierno del Presidente Morales y los miembros de su gobierno bajo denuncias ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por lo que estarían sujetos a detención por parte de la Interpol. La aplicación de la medida implicaría despojar de la inmunidad diplomática a figuras del gobierno y su enjuiciamiento cuando pisen tierras extranjeras.

Ante la declinación del populismo, el reciente compromiso de Lima ya postula: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. 
“Amanecerá y veremos”