Consideran que esta norma busca proteger a los "responsables de la violencia", generada tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia durante los días crisis que vivió el país. 

El senador Oscar Ortiz señaló que los legisladores del MAS, actuaron al margen de la ley y de la Constitución. Adelantó que hoy viajará a Sucre para interponer un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

“No se ha respetado el procedimiento establecido en el reglamento general de la Cámara de Senadores, que, además está fundamentado en el procedimiento legislativo constitucional", justificó Ortiz. 

El Gobierno ha reiterado en varias oportunidades que la presidenta Jeanine Áñez no promulgará esa ley. Consideran que muchos aspectos que aborda esta norma ya están establecidos en la Constitución.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, manifestó que apenas tengan la ley en su poder será remitida al TCP y se realizará una consulta a esta institución para conocer si vulnera la Constitución Política del Estado. 

Además, advirtió que en el caso de que esta ley sea promulgada se estaría vulnerando la independencia de poderes. 

“Nos piden que soltemos a las personas que están detenidas y este Gobierno no lo va a hacer. El poder Ejecutivo no puede tener injerencia en el poder Judicial", agregó.

La Ley para el Cumplimiento de los Derechos Humanos, que anteriormente era denominada como Ley de Garantías, fue tratada el pasado viernes en la Cámara de Senadores que luego de realizar algunos cambios remitió la norma a la Cámara de Diputados, que ayer martes la aprobó en grande y en detalle.

Desde el MAS sostienen que esta ley tiene el propósito de prohibir acciones o medidas ilegales de coacción contra dirigentes y políticos sobre los que pesan acusaciones como es el caso del líder cocalero, Evo Morales (refugiado en Argentina) que tiene orden de aprehensión por los delitos de sedición y terrorismo.

Copa advierte con promulgar la ley

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, advirtió con promulgar el proyecto de ley en caso de que la jefa de Estado, Jeanine Áñez no lo haga en un plazo de 10 días, como establecen las normas vigentes.

 El parágrafo primero del artículo 7 establece: “El Estado, a través  de sus órganos y sus  institucionales competentes garantizarán el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianas y bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”.

El parágrafo siguiente añade: “Las bolivianas y bolivianos, los extranjeras y extranjeros  residentes en Bolivia para el resguardo efectivo de sus derechos que consideren estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida,  integridad física y/o sus bienes estén en riesgo, a sola denuncia verbal o escrita ante autoridad competente deberán  activar de manera inmediata las acciones necesarias, pertinentes y eficaces”.

Neutralizar

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, afirmó que la administración de transición buscará “neutralizar jurídicamente” la propuesta.