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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: jueves 16 de enero de 2020
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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El magistrado relator, Carlos Alberto Calderón, informó que, por unanimidad, fue aprobada la constitucionalidad de los artículos 1 y 4 del proyecto de Ley 160/2019-2020, en respuesta a una consulta del Senado para extender hasta después de las elecciones del 3 de mayo.
"Se estableció la prórroga del periodo de mandato de las autoridades de los Órganos del Poder Público de los niveles central y subnacional (Ejecutivo y Legislativo) hasta la posesión de las nuevas autoridades electas", se lee en la resolución constitucional.
La extensión del mandato del Ejecutivo y Legislativo se dio en medio de una presión social en puertas del TCP. Activistas se apostaron en el lugar exigiendo a los magistrados se pronuncien sobre la situación de la Presidenta transitoria y rechazando la prórroga de mandato para los legisladores.
Después de un debate y análisis, los magistrados llegaron a la decisión de señalar la constitucionalidad para extender el mandato de ambos.
El TCP también exhortó a las autoridades de los Órganos del Poder Público “a cumplir sus funciones y atribuciones, pero además garantizando el normal desarrollo de los procesos electorales”.
Según, Calderón la decisión fue adoptada para que no haya un vacío de Estado de Derecho en el país, después del 22 de enero, día en el que concluye la gestión de gobierno y de las autoridades electas en 2014.
"Hemos entendido que a partir del vacío inminente que podría producirse a partir del 22 de enero del 2020, (se) genere la fractura del Estado constitucional de Derecho con el (que se) pone en riesgo la vigencia de los principios y fines de derechos fundamentales y garantías constitucionales de un país".
Afirmó que el próximo paso a seguir es enviar el proyecto de Ley No 160 a la Asamblea Legislativa para que sea sancionada y posteriormente se realice la promulgación por la presidenta Jeanine Áñez.
La Presidenta actual tomó posesión del cargo en noviembre, después de la renuncia del expresidente Evo Morales, en medio de una presión social, tras conocerse el fraude electoral en las elecciones anuladas de octubre de 2019.