Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 23 de abril de 2018
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
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Agetic y la información personal de todos
Cómo no van a causar dudas las explicaciones del Gobierno de su decisión de que Agetic acceda a la información personal de los bolivianos y bolivianas. En primer lugar, se han dado razones diferentes: mientras la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que era para evitar que los ciudadanos hagan tantos trámites, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó que se hace “por razones de seguridad”.
La Cámara de Diputados aprobó, en grande y en detalle, el proyecto de ley que modifica la Ley del Órgano Electoral (OEP), que permite que el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) intercambie información con el Servicio de Registro Cívico (Serecí).
Para lograr esa “interoperabilidad”, como la ha llamado el Gobierno, que no es otra cosa que “interconexión”, se ha decidido que se use, como “puente” entre el Serecí y el SEGIP a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic), que depende del Ministerio de la Presidencia. A pesar de su pomposo nombre, la Agetic lo que hace es tratar de usar las nuevas tecnologías con fines propagandísticos. Ello se demuestra en el hecho que ni ha logrado avanzar ni un milímetro en las tareas de “Gobierno electrónico” ni en mejorar “las tecnologías de información y comunicación”, excepto, como decimos, para apuntalar la imagen del oficialismo.
Agetic, por tanto, no es una entidad ni neutra ni creíble. Recibe órdenes de lo más alto del Ejecutivo (precisamente el ministerio que trabaja más cerca con el Presidente) y de allí que no debe aceptarse que sea esa precisamente la que tenga acceso a la información personal de 11 millones de ciudadanos bolivianos.
La información personal que será entregada al Serecí, y por tanto a Agetic, comprende: datos de nacimiento, estado civil y defunción, datos biográficos, domicilio y números de célula de identidad. También se dará acceso a la información del registro biométrico, que contiene las huellas digitales de quienes están en el padrón electoral.
Dos cosas son incomprensibles y han causado la obvia susceptibilidad de la oposición y de sectores de la población. La primera es que ese sistema de “interoperabilidad” podría haber estado perfectamente en manos del Organismo Electoral Plurinacional, precisamente la entidad que supervisa al Serecí y que provee la información al SEGIP. El OEP ha tenido la virtud de tecnologizarse en los últimos años, al punto de tener precisamente un padrón biométrico moderno y operativo.
¿Por qué el Gobierno elige a la Agetic? Si el oficialismo está tan convencido de que aquí no hay posibilidad de trampa ni de espionaje, entonces debería dejar que una instancia más independiente (como el OEP) haga ese trabajo.
El otro asunto que causó muchas dudas fue la declaración realizada por la diputada Montaño, en sentido de que la información personal de los bolivianos será ¡vendida a terceros, que pagarán por ella! Precisamente la Constitución prohíbe que la información personal de los bolivianos y bolivianas llegue a manos de terceros sin consentimiento previo. ¿Para qué será esa venta de datos? ¿Para detectar que un activista opositor es, además, médico, y tratar de expulsarlo de su colegio profesional? ¿O saber dónde viven los familiares de un defensor de derechos humanos? Ni Montaño ni el Gobierno han explicado por qué algunas entidades podrían “comprar” esos datos ni en qué ocasiones y para qué ello sería permitido.
El Ministerio de Gobierno parece pasar horas haciendo organigramas de opositores, a quienes hace seguir (lo que es prohibido), para luego “denunciar” que este dirigente se reunió con este otro (como si ello no fuera algo legítimo). Ese ministerio, el de los seguimientos, de las detenciones y de las tareas de Inteligencia, tendrá a su disposición la información personal de todos los bolivianos. Si eso no es tema de preocupación entonces cuál sería.
Hace pocos días, el Congreso de los EEUU puso en el banquillo de los acusados al creador de Facebook y lo interpeló por violar la privacidad de sus usuarios al permitir a otras compañías el acceso a sus datos. La interpelación estaba sazonada con acusaciones sobre cómo esos datos habían servido para manipular elecciones. La pregunta es, ¿no nos sirven estas lecciones?, ¿o nos creemos una isla donde nada de esto nos salpica?