“Hoy, en un debate que duró cerca de una  hora y media, logramos convencer al juez que  el informe final de la OEA (Organización de Estados Americanos) fue sustancial, además de que las declaraciones informativas de todos los exvocales y otros testigos liberaban  del peligro de obstaculización. Se determinó seis medidas para lograr y materializar el derecho”, dijo Zuñiga.

  El exvocal  fue detenido el 10 de noviembre en La Paz. Su abogado explicó que algunas de las medidas fijadas por el juez para el exvocal son  una fianza juratoria de no obstruir el proceso durante el desarrollo de la etapa preparatoria al juicio y que se presente en la Fiscalía cada viernes. También se le prohibió mantener contacto con personas inmersas en el proceso de investigación y concurrir al TSE, al Servicio de Registro Cívico (Serecí) y al Servicio General de Identificación Personal (Segip).

  En su declaración informativa, Costas afirmó que hubo al menos tres decisiones “clave” de  las que  fue excluido. El exvocal dijo que aun siendo el vicepresidente del TSE no le consultaron sobre la instalación del servidor BO1, la orden que se dio a Neotec para brindar un informe a los vocales  antes de la publicación de los resultados de la TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares)  y la determinación  de  cortar ese sistema.

   Asimismo, las declaraciones del secretario de cámara del Órgano Electoral, Henry Ballivián, y del exdirector del Servicio de Registro Cívico  José Antonio Pardo   señalan que Costas no intervino en la interrupción de la TREP. La CIDH (Comisión Intermericana de Derechos Humanos) también expresó su preocupación sobre cómo se manejaron las acusaciones contra Costas.

El exvocal renunció dos días después de los comicios del 20 de octubre del año pasado.