El senador Óscar Ortiz presentará hoy la solicitud para que la instancia revise la forma de aprobación, mientras que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, planteó que otro recurso apuntará al fondo del texto. Por su parte, el MAS, a través del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, sugirió que si se le dan las garantías, el expresidente Evo Morales “debería venir” al país para la presentación de candidatos el 19 de enero, y otros sectores del partido ratifican que con el texto de la ley lo puede hacer sin problema.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, manifestó que la norma es “innecesaria e inconstitucional”, por lo que será remitida en consulta al TCP. “Es una ley innecesaria, inconstitucional. 

La misma CPE garantiza los derechos de los ciudadanos, no se tiene por qué hacer una nueva ley”.

Los oficialistas coincidieron en que esta norma fue diseñada para proteger a los responsables de la ola de violencia tras la renuncia y salida del país del expresidente Morales.

“Vamos a hacer la consulta, apenas llegue esa ley acá (al Ejecutivo), al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional nos diga si es una ley que debiera ser aprobada o es una ley que prácticamente ya la establece la Constitución Política del Estado y, por lo tanto, tiene que ser rechazada”, agregó Núñez.

Desde que reciba la norma, la presidenta Áñez tiene 10 días para promulgarla, luego de ese tiempo la titular del Senado, Eva Copa, fungiendo como presidenta del Legislativo, planea promulgarla. Ese proyecto fue aprobado el viernes por el MAS en la Cámara de Senadores sin contar con el informe previo de la Comisión de Constitución que preside el senador de UD Óscar Ortiz.

Por eso, el legislador Óscar Ortiz presentará mañana ante el TCP un recurso directo de nulidad, que objetará el procedimiento seguido. “No hay ninguna base legal, lo que aprobó el Senado no es el que envió Diputados, pero tampoco tiene como origen una comisión en la que se hubieran propuesto modificaciones. Esto invalida toda la aprobación”. La estrategia oficialista es cuestionar la forma y el fondo.

Entre las críticas, Ortiz admitió que la ley busca el retorno de Morales. “En el proyecto se retiró el artículo específico en el que se mencionaba a Morales y García Linera, pero se mantiene ese artículo muy genéricamente redactado y que protege a dirigentes sociales, sindicales y políticos, y busca darles impunidad”.

Por su parte, Choque afirmó que los candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones nacionales del 3 de mayo se definen en Bolivia y que el expresidente Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina, tendría que venir para conocerlos.

“Ya no hay discusión sobre el tema. Se ha definido a nivel de todos los sectores sociales que en Bolivia se define a la nómina de los candidatos. (Morales) tendría que venir para conocer la nómina de quienes van a ir dentro el listado del Movimiento al Socialismo”, aseveró el directivo masista. Remarcó que si a Evo “se le dan las garantías de parte del Gobierno transitorio, tendría que venir aquí al país”, luego dijo que no hay condiciones.

El diputado del MAS Víctor Borda expresó que la naturaleza de la ley protege un debido proceso a las personas aprehendidas, y detenidas, en los conflictos de octubre y noviembre.

Estas personas no podrán apresarlas. “Entiendo que Evo Morales es indagado por actos cometidos en los hechos suscitados en ese periodo, bajo ese paraguas y al estar vigente la ley, no podrían detenerlo”, pero el legislador duda que retorne.

El Gobierno, a través del ministerio de Gobierno, Arturo Murillo, subrayó que Morales cometió delitos de terrorismo y sedición por una conversación con un dirigente en la que dio órdenes para cercar las ciudades.

El fin de semana lamentó no haber tenido un “plan B” y planteó la necesidad de armar milicias armadas en Chapare. Para el Ejecutivo, esto refuerza los cargos y al cometer esos delitos cuando ya no era presidente, sería enmanillado apenas baje del avión. Morales dijo que al no tratar la Asamblea su carta de renuncia, todavía ejerce el máximo cargo del Estado.