Ayer, el Tribunal Constitucional Plurinacional avaló el proyecto de ley excepcional de prórroga del mandato de autoridades electas, que había sido remitido a esta institución por Eva Copa, presidenta del Senado. Con esta decisión, Áñez y los congresistas se mantendrán en su cargo hasta junio, mientras que gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales pueden llegar incluso a noviembre.

La declaración fue celebrada por organismos internacionales, autoridades nacionales y locales. La Comisión de Constitución del Senado ya trató la norma y la remitió al plenario.

El magistrado Carlos Alberto Calderón fue el encargado de justificar el fallo del TCP. Explicó que la Declaración Constitucional 001/2020 fue redactada en unanimidad y que se basa en los artículos 1, 7, 9, 11 y 12 de la Carta Magna, inherente a los principios fundamentales, fines, funciones y deberes del Estado. El artículo clave de esta declaración es el 12, que indica que “el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral.”

El parágrafo 3 también es vital: “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”. Esto quiere decir que no podía haber prórroga solo para Áñez, como lo solicitaban algunos abogados, sino que necesariamente debía incluir a la Asamblea controlada por el MAS.

En la lectura integral del fallo, al cual tuvo acceso EL DEBER, abundan otras consideraciones. La declaración constitucional concluye casi con advertencia del TCP: “exhortar a todos los órganos del poder público del nivel central y subnacional (...) a contribuir en la generación de condiciones que garanticen el desarrollo de los procesos electorales, que permitan contar con autoridades electas y posesionadas en los tiempos determinados por ley, las convocatorias y los calendarios electorales respectivos”. Esto es otra clave del fallo, ya que establece un límite claro a la prórroga.

Además, los tribunos pusieron reglas para acceder a la prórroga de mandatos: se trata de una situación excepcional, no prevista en la CPE, que puede generar una laguna constitucional. El segundo punto es que el tiempo de prórroga ya está limitado por el calendario electoral. La tercera regla es que su justificación es razonable y no responde a un carácter discrecional o arbitrario, sino a una situación que puede conllevar a una fractura del orden constitucional o a la inminencia de un vacío de poder. La cuarta regla tiene como fin “el normal funcionamiento de los órganos del poder público, para la concreción de los principios fundantes, valores y fines estatales, y la protección de los derechos fundamentales”.

Esto es interpretado por José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, como un límite al poder de la presidenta y los asambleístas. Explica que la misma Asamblea Legislativa ya había provocado una ampliación de mandato, al haber convocado a nuevas elecciones con plazos que superaban el límite de cinco años establecido por la Constitución. 

Otra base del fallo que ve Santistevan es que no se puede cerrar la administración pública porque esta administra derechos fundamentales y garantías constitucionales (salud, educación, seguridad ciudadana, vigencia de la CPE). “No puede haber administración sin decretos (Áñez) y leyes (Asamblea)”, señala. 

Finalmente, cree que la declaración constitucional arropa a las autoridades nacionales y subnacionales, ya que quedarán sin la legitimidad emanada del voto popular porque habrán cumplido su periodo constitucional. Para él, el verdadero Gobierno de transición, según Santistevan, comienza el 22 de enero, ya que ni la presidenta ni la Asamblea podrán hacer cambios estructurales: su función será administrar el Estado y el proceso electoral para, como dice el proyecto de ley, “restablecer la normalidad constitucional”.

Daniel Valverde, director del Observatorio Político Nacional, celebra que el Tribunal Constitucional se pone a tono con el momento excepcional y extraordinario que vive el país, le da certidumbre e interpreta la CPE “integrando el texto con la realidad”.

La decisión también fue festejada por Jean Arnault, enviado especial de la ONU: “Esta decisión está en plena armonía con el gran consenso nacional sobre la necesaria electoralización del país como única vía legítima para superar la crisis surgida en octubre del año pasado”, señaló en un comunicado.

Su aprobación

Tras la noticia, la Asamblea Legislativa no perdió el tiempo. Anoche, los miembros de la comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, aprobaron la norma y la remitieron al plenario. Según Óscar Ortiz, presidente de la comisión, la ley goza de consenso político. Así, lo más probable es que sea aprobada hasta el fin de semana.