La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró, por unanimidad, como constitucional y, así, avaló la Ley de Ampliación de Mandato de autoridades, tanto para la presidencia del Estado como para los Asambleístas del Legislativo y autoridades subnacionales.

En conferencia de prensa, el magistrado Carlos Alberto Calderón, señaló que en la Sala Plena del TCP "se estableció que en procura de la vigencia del Estado de Derecho es "inmanente" el funcionamiento de los distintos órganos, por lo que se consideró que corresponde la prórroga de periodo de mandato de las autoridades de los órganos del poder público de los niveles central y subnacional Ejecutivo y Legislativo hasta la posesión de las nuevas autoridades electas de las en las elecciones generales (…) y las elecciones subnacionales”.

Calderón señaló que, ahora, la Ley deberá tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y resaltó que el TCP con su decisisón dio una "solución jurídica constitucional" al vacío existente desde el 23 de enero hasta el momento de la posesión de las nuevas autoridades nacionales y subnacionales.

"El estado constitucional de derecho que está vigente no puede exisitir si es que no concurre el funcionamiento normal de los órganos del poder público", añadió.

El pasado 2 de enero, el TCP admitió la consulta sobre el proyecto de ley que fue derivada por la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa.

Consultado al respecto, y sin conocer de manera oficial la decisión del TCP, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, señaló que el Gobierno acatará la decisión.

“Lo que corresponde es acatar esa decisión y ojalá en poco tiempo tengamos pues el gobierno que todos los bolivianos queremos”, dijo en conferencia de prensa.

Cabe recordar que este 22 de enero fenece el periodo constitucional 2015-2020 y debía ser posesionado un nuevo gobierno y nuevos representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); empero, esa figura no se cumplirá debido a que las elecciones del 20 de octubre fueron anuladas por denuncias de fraude.

Tras anularse esos comicios, el expresidente Evo Morales renunció a su cargo y en su lugar asumió Jeanine Añez, por “sucesión constitucional”.  Además, un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones el 3 de mayo del año en curso, por lo que se elaboró una norma para ampliar el mandato de las autoridades  tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo hasta que se posesionen a un nuevo Gobierno y una nueva ALP.

La Ley de ampliación de mandato fue coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ambas partes decidieron remitir una consulta al TCP para comprobar su constitucionalidad.

A pesar de ello, cabe resaltar, que personas ligadas a la resistencia civil exigen que la ampliación del mandato no se aplique a la Asamblea Legislativa, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS).