El magistrado Carlos Alberto Calderón, explicó que los tribunos del TCP asumieron la decisión de avalar el proyecto de ley de ampliación de manera unánime. "Como resultado de la argumentación aplicada por el TCP se estableció que corresponde la prórroga de mandato de las autoridades de los órganos de poder público central y subnacional y legislativo hasta la posesión de nuevas autoridades electas, presidente, vicepresidente, diputados representantes supraestatales y de las elecciones subnacionales (...)", refirió.

El TCP exhortó a las autoridades a cumplir con sus funciones y garantizar el desarrollo de las elecciones 2020.

El 2 de enero, el TCP admitió la consulta sobre el proyecto de ley de Régimen Excepcional para la Ampliación de Mandato de las Autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, que fue derivado por la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa.

La norma permite extender más allá del 22 de enero el mandato de la presidenta interina constitucional Jeannine Áñez y de la Asamblea Plurinacional, debido a la interrupción del mandato de Evo Morales por su renuncia tras el escándalo de fraude electoral.

Pese a que el proyecto se realizó en consenso con oficialistas y opositores, y que incluso la presidenta Áñez mostró su inclinación a que la ampliación de mandato sea para ambos órganos, la propuesta generó críticas de varios sectores ciudadanos que piden que la prórroga contemple únicamente a la mandataria y no así a los legisladores.

Calderón explicó que se asumió la decisión a partir del vacío inminente de autoridad después del 22 de enero, que podía desencadenar una ruptura del Estado de Derecho y amenaza los derechos y garantías constitucionales de los bolivianos.

"El Estado constitucional de Derecho no puede existir si es que no concurre además el funcionamiento normal de los órganos públicos de poder", explicó y aclaró que el TCP se limitó a generar una solución jurídica.