La norma fue derivada a la Cámara de Diputados tras aprobarse, luego de su inserción improvisada en la sesión de la Cámara de Senadores, el pasado viernes por la noche. Miembros de UD y PDC manifestaron que impugnarán dicha sesión y no permitirán que una norma que buscaría la "impunidad" para los actores de los hechos violentos de octubre y noviembre se viabilice.

Por su parte el diputado del MAS, Franklin Flores, aseguró, tras la sesión de hoy (ayer), que no se trata de una norma que otorgue impunidad, sino que encamina "una investigación imparcial y el resarcimiento económico por las personas fallecidas en los hechos acontecidos".

Muchos fueron los cuestionamientos desde que surgió este documento y que fue modificado hasta cambiar de nombre y contener nueve artículos y dos disposiciones finales. Miembros del MAS defendieron y respaldaron la urgencia de promulgar esta ley, muchos incluso argumentaron que al momento hay muchos dirigentes que están sufriendo persecución de parte del actual gobierno.

"Se trata de una ley de impunidad y estos dos tercios del MAS lo único que quieren es tener impunidad para todos los miembros del gobierno de Evo Morales, sin embargo lo que desconocen es que la Constitución está por encima de cualquier ley y por más de que hagan todo, esta ley no será promulgada", dijo por su parte el diputado de Unidad Demócrata (UD), Luis Felipe Dorado.

Una de las principales defensoras de esta norma es la presidente de la Cámara Alta, Eva Copa, quien nuevamente ratificó que la denominada Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos no establece ninguna impunidad o encubrimiento de delitos. "Así que ahora toca que pase al Ejecutivo y tendrá diez días para su promulgación y si no ocurre corresponde a la presidencia de la Asamblea Legislativa hacer la aprobación (…) pero todavía no tenemos respuesta del TCP", en referencia a la Ley de ampliación del Mandato, que concluye el 22 de enero del presente, para las autoridades electas, si es que el TCP no avala la constitucionalidad de la ley.