Medio: La Razón
Fecha de la publicación: miércoles 15 de enero de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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De manera sorpresiva, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó y sancionó en la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos o de Garantías Constitucionales, que es cuestionado por el Gobierno de Jeanine Áñez porque asegura que garantiza la impunidad de las exautoridades de la administración de Evo Morales.
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La norma fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, aunque ya Áñez anticipó que la vetaría o llevaría a un control constitucional. La norma extiende su alcance a extranjeros y establece que debe garantizarse la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, además para las personas movilizadas del campo y la ciudad.
También prevé el resarcimiento en favor de las familias de los muertos y heridos en las protestas sociales de octubre y noviembre. Más de 30 personas perdieron la vida, la mayoría en los hechos de violencia de Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, por herida de bala.
El parágrafo primero del artículo 7 establece: “El Estado, a través de sus órganos y sus institucionales competentes garantizarán el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianas y bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”.
El parágrafo siguiente añade: “Las bolivianas y bolivianos, los extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia para el resguardo efectivo de sus derechos que consideren estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida, integridad física y/o sus bienes estén en riesgo, a sola denuncia verbal o escrita ante autoridad competente deberán activar de manera inmediata las acciones necesarias, pertinentes y eficaces”.
La madrugada del 11 de enero fue aprobada en sus estaciones en grande y en detalle en la Cámara de Senadores y fue devuelta a Diputados (Cámara de origen) porque sufrió modificaciones.
La presidenta del Senado, Eva Copa, advirtió con promulgar el proyecto de ley en caso de que Áñez no lo haga en un plazo de 10 días, como establece las normas vigentes.
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, respondió el lunes que la administración de transición buscará “neutralizarla jurídicamente”, con su remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La bancada de Unidad Demócrata (UD) ya había advertido con asumir ese camino a través de un recurso abstracto de inconstitucionalidad.
Copa aseguró que en ninguna parte del proyecto de ley se habla de defender la impunidad o un encubrimiento de delitos que hayan cometido exautoridades.
El fin de semana, el senador del MAS Omar Aguilar reiteró que la norma fue trabajada y consensuada por las tres fuerzas políticas anteriormente y rechazó los cuestionamientos de sus colegas. (14/01/2020)
