«Es una ley que pretende dar impunidad a delincuentes que han creado zozobra todo este tiempo», manifestó el diputado de UD, Amilcar Barral, en el pleno camaral y denunció que ese proyecto de ley fue agendado vía correspondencia, sin respetar los pasos y la normativa parlamentaria para la aprobación de leyes.

«(Los promotores de esta ley) son diputados que han ido a recibir órdenes a Argentina -donde está refugiado Morales- para venir a seguir bloqueando nuestro país, a seguir incomodando a este Gobierno (…), están cumpliendo su trabajo queriendo imponer otra vez esta ley de impunidad masista, se están cometiendo errores administrativos muy grandes y en el interior de la ley también», añadió.

Legisladores de UD y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) advirtieron que ese polémico proyecto de ley fue diseñado para proteger a los responsables de la ola de vandalismo y violencia que detonó las fallidas elecciones del 20 de octubre.

Ese proyecto fue aprobado el viernes por el MAS en la Cámara de Senadores sin contar con el informe previo de la Comisión de Constitución que preside el senador de UD, Oscar Ortiz.

La diputada Rose Marie Sandoval, también de UD, deploró que el MAS, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, haya seguido la línea «dictatorial» de Morales para aprobar una norma sin respetar el reglamento camaral.

«Ya es hacerse la burla de los bolivianos (…). Siento bronca por un lado y lástima y pena por la militancia real que, indiferentemente a nuestras posiciones ideológicas, quiere y ama esta Bolivia», dijo en referencia al ala «conciliadora» del MAS que expresó su oposición a la aprobación de ese proyecto de ley.

«No había para qué hacer una ley de garantías de derechos que están protegidos por la Constitución, esto era solamente direccionado para resguardar a Evo Morales que ya no es nada», señaló.

Morales, refugiado en Argentina, está acusado por promover actos de sedición y terrorismo, entre otros delitos.

La Presidencia de la Cámara de Diputados remitió ese proyecto de ley para su promulgación por parte del Ejecutivo, que anticipó que no dará curso a leyes que avalen la impunidad.

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