«¿Cuál es la necesidad de regular algo que ya está regulado en la ley máxima?, en ese sentido esa ley es innecesaria e inconstitucional porque establece que se le repare con recursos económicos del Estado, la presidenta Jeanine Áñez debe llevar a consulta mientras no se haga esa consulta es inconstitucional», dijo a la ABI.

Centellas señaló que la consulta previa debe cumplirse ante el Tribunal Constitucional y ante la sociedad para que sea el ciudadano quien decida si quiere erogar recursos del Estado para las víctimas por movilizaciones de orden político, lo contrario supondría responsabilidad contra la Jefa de Estado.

La tarde del martes la bancada de diputados del MAS, mayoría parlamentaria, sancionó la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos o Ley de Garantías a pesar de los cuestionamientos de inconstitucionalidad y rechazo.

El proyecto de ley fue aprobado con las modificaciones aprobadas por el Senado la noche del viernes pasado.

La ley propuesta por el MAS establece la liberación de personas que hubieran sido detenidas injustamente por movilizaciones de carácter político.

Luego de haber sido sancionada por la Cámara de Diputados, esa ley será remitida al Ejecutivo para su promulgación; sin embargo, la mandataria anunció que esa norma será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su respectivo análisis.

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