Mientras tanto, en Argentina, la Unión Cívica Radical (UCR) estudia solicitar que Argentina le retire el estatus de refugiado político, a raíz de sus últimas declaraciones en las que habló de organizar milicias armadas, según Oxígeno. 

Tras la renuncia de Morales a la Presidencia, el 10 de noviembre de 2019, se interpusieron una serie de denuncias en su contra por las presuntas declaraciones sediciosas que habría realizado, como instruir cercos para dejar sin alimentos a las ciudades, incitar a la violencia y al odio a través de redes sociales, inaugurar una obra vía teléfono desde Argentina, y la última de formar milicias armadas como en Venezuela.

Dirigentes cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba interpusieron el lunes una nueva demanda contra el expresidente, acusándolo por ocho delitos. Está terrorismo, genocidio, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atribución de derechos del pueblo, conspiración, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y organización criminal. 

"La Fiscalía General ha dispuesto que se remita esa denuncia y que se acumulen  aquellos casos abiertos en la Fiscalía de La Paz".

Dijo también que existe una orden de aprehensión en contra Morales. 

Según el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se hará cumplir esta medida porque el exmandatario confirmó que es “un terrorista confeso”.

El Ministro advirtió que también procesarán a aquellas personas que inciten al terrorismo o llamen a conformar milicias armadas, porque no permitirá que se atemorice o amenace a la población boliviana con estos actos irregulares.

ARGENTINA A través de un breve, pero duro comunicado, que lleva la firma de Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén, presidente y vice del Comité Nacional de ese partido, el radicalismo cuestionó las actitudes del exmandatario desde su llegada al país, hace poco más de un mes, según El Clarín.

"¿Podemos seguir "refugiando" a Evo Morales?", se pregunta la UCR, que afirma que el boliviano viola la única condición que le había impuesto el gobierno de Alberto Fernández para refugiarlo, que era "no hacer declaraciones políticas".

La queja no quedará solo en un comunicado, sino que la intención también es su expulsión del país, según confirmaron al medio argentino los parlamentarios.