Pese a que desde el Ejecutivo se adelantó que esta norma no será promulgada, la premura del MAS llevó a sus miembros a advertir que serán ellos quienes la promulguen.

La norma fue derivada a la Cámara de Diputados tras aprobarse, luego de su inserción improvisada en la sesión de la Cámara de Senadores, el pasado viernes por la noche. 

Miembros de UD y PDC manifestaron que impugnarán dicha sesión y no permitirán que una norma, que buscaría la impunidad para los actores de los hechos violentos de octubre y noviembre, se viabilice.

Por su parte el diputado del MAS, Franklin Flores, aseguró, tras la sesión, que no se trata de una norma que otorgue impunidad, sino que encamina "una investigación imparcial y el resarcimiento económico por las personas fallecidas”, durante los hechos suscitados desde el 21 de octubre. 

UNA ORDEN La bancada de Unidad Demócrata (UD) denunció que el expresidente Evo Morales ordenó a los legisladores del MAS aprobar la ley.

"Los promotores de esta ley son diputados que han ido a recibir órdenes a Argentina, donde está refugiado Morales, para venir a seguir bloqueando nuestro país, a seguir incomodando a este Gobierno. Están cumpliendo su trabajo queriendo imponer otra vez esta ley de impunidad masista. Se están cometiendo errores administrativos muy grandes y en el interior de la ley también", advirtió el diputado Amilcar Barral, de UD, según ABI.

La Presidencia de la Cámara de Diputados remitió ese proyecto de ley para su promulgación por parte del Ejecutivo, que anticipó que no dará curso a leyes que avalen la impunidad.

La presidenta del Senado, Eva Copa, advirtió que si Áñez no acepta, será ella que promulgará la norma.

De acuerdo con procedimiento, la mandataria tiene 10 días para responder a la Ley y devolverla al Legislativo de encontrar observaciones. Entonces, la Asamblea decidirá si modifica la norma o la ratifica descartando las observaciones. En ese segundo caso, la presidenta de la Asamblea promulga la ley. 

El senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, impugnó la norma ante la presidencia del Senado.

El Gobierno anunció que enviará la norma al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que sea esa instancia la que defina la legalidad o no de la Ley.