El debate parece instituirse como una obligación legal y constitucional de todo candidato a servidor público, cuando debería ser una regla natural como el saludo, etc. La confrontación de ideas resulta imprescindible para conocer cuál es el estado actual del Estado boliviano, después de 14 años de estar (y todavía está una buena parte de la administración) en manos del Movimiento al Socialismo. Aunque se vienen soltando cifras y se hacen algunas proyecciones, urge tener información seria y lo más completa posible para saber y, en su caso, tomar las previsiones que se tengan que tomar. 

El debate contrastará la información proporcionada por el gobierno de Evo Morales en el sentido, por ejemplo, de que nuestra economía está blindada y no hay de qué preocuparse, frente a la información de las nuevas autoridades que dicen todo lo contrario. El Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez debe hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para poder auditar las gestiones del MAS y tener toda la información y saber cómo estamos y delinear qué país queremos en los próximos años.

Ni Evo Morales ni los candidatos del MAS debatieron los 14 años que manejaron el Estado. En las filas azules confundían propaganda con debate y aunque ambas figuras son imprescindibles en una contienda electoral, tienen metodologías, formas y efectos distintos. La propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. El debate, en cambio, supone una discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. 

El debate no sólo apuesta por la legítima competencia entre los candidatos sino también constituye un derecho del elector al voto informado. El ciudadano no quiere que lo atosiguen con propaganda las 24 horas del día, lo que necesita es información completa, oportuna y depurada.

Al MAS le encantaba hacerse propaganda y aumentó el presupuesto del ministerio de Comunicaciones de 150,1 millones de bolivianos en 2018 a 527,3 millones en 2019. En realidad, desde 2014 ese presupuesto ha aumentado más de 10 veces, de 50,8 millones de bolivianos  a los referidos 527,3 millones de bolivianos.

La sana y necesaria confrontación de ideas se encuentra protegida en la Constitución (art. 106), cuando proclama que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. Todo esto se puede resumir en la potestad que tienen las personas de: a) Emitir información en general, así como cualquier otra expresión artística, ideas, opiniones; b) A recibir todo tipo de información; c) Y un medio, es decir, una empresa, entendida como una unidad económica encargada de explotar la información, comunicación y la transmisión libre de ideas y opiniones.

El derecho a expresarse y el derecho a difundir lo expresado están indisolublemente unidos y cualquier limitación o restricción de estas posibilidades, especialmente tratándose de un proceso electoral, constituye una restricción del derecho a la libertad de expresión. Esta libertad garantiza además la transparencia y la fiscalización del proceso electoral, de modo que los candidatos deben debatir, salvo que se quiera cercenar uno de los derechos básicos del elector como es el derecho al voto informado.