“Vamos a presentar la apelación correspondiente a esta determinación, el día lunes (hoy), desde el Viceministerio de Transparencia, y seguramente también lo hará el Ministerio Público”, indicó Diego Jiménez, viceministro de Transparencia.

Entretanto, el diputado de la alianza de Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, manifestó que acudirán a instancias internacionales para denunciar la vulneración de los derechos de la autoridad edil y el debido proceso.

PERSECUCIÓN POLÍTICA

A su vez, el asambleísta departamental de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Edwin Herrera, advirtió que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) “inició una arremetida contra líderes de oposición y están utilizando la lucha contra la corrupción para una evidente persecución política”.

Criticó el actuar de la justicia porque cuando se trata de autoridades electas de oposición se activan las investigaciones por parte del Ministerio Público y otras instancias llamadas por ley. Empero, los casos donde están involucradas autoridades del partido de Gobierno, como ocurre con el caso del exalcalde de Cochabamba Edwin Castellanos, no se llega a ningún tipo de conclusiones ni investigación.

INJUSTA DETERMINACIÓN

Según el viceministro Jiménez, en la audiencia de medidas cautelares que se desarrolló el sábado por la tarde, se hallaron indicios de que Leyes cometió con probabilidad los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

A su vez, el legislador Gonzalo Barrientos criticó el accionar de la Justicia, tomando en cuenta que se restringieron los derechos de Leyes durante su declaración, donde se le negó que su abogado de confianza pueda estar presente. Además de las determinaciones del juez que dictaminó una fianza de 200 mil bolivianos, al cual calificó una “medida desproporcionada”.

El juez Fernando Pérez dictó detención domiciliaria con custodio policial, una fianza de 200.000 bolivianos, arraigo y la prohibición de contacto con funcionarios ediles. En este último punto, Barrientos indicó que se vulneró el derecho para que Leyes pueda continuar con sus labores ediles.

INTERINATO

Por su parte, la concejala del Movimiento al Socialismo, Rocío Molina, quien denunció la adquisición de las mochilas con sobreprecio, manifestó que el Concejo Municipal debe elegir al sustituto de Leyes en un plazo de tres días.

“Luego de tres días de ausencia de la máxima autoridad ejecutiva, sea por la razón que fuera, se debe proceder a designar a un Alcalde interino”, expresó Molina.

A la vez, indicó que está en manos de los Demócratas garantizar la institucionalidad del municipio, porque tiene la mayoría en el Legislativo edil y el sucesor de Leyes será elegido de entre los seis concejales electos.

La Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales señala que corresponderá a la bancada mayoritaria, en este caso Demócratas, designar al Alcalde que ejercerá el cargo de manera interina, mientras culmina el proceso de investigación.