Al igual como ocurrió en la Cámara de Senadores, el proyecto,  también conocido como Ley de Inmunidad, ingresó de forma sorpresiva al pleno de Diputados, pues no estaba contemplado en la agenda. Ese hecho generó, incluso, discusiones entre legisladores del MAS. 

Un grupo del partido azul   rechazó las modificaciones que realizó el Senado al texto, incluso reclamó porque ni siquiera les dieron una copia para leer en detalle. Ante ello, la bancada de Unidad Demócrata (UD) pidió que se suspenda el tratamiento, pero no fue escuchada.

 Betty Yañíquez, jefa de bancada y líder del “ala dura” del MAS en Diputados, solicitó un cuarto intermedio y abandonó la sala junto a sus colegas que protestaban por los cambios. Después de 30 minutos, los legisladores masistas retornaron al plenario   convencidos de que se debía aprobar la ley “sí o sí”.

El MAS, aprovechando su mayoría, aprobó sin mucho debate la Ley de Inmunidad, que consta de  nueve artículos y una disposición final. 

 El diputado Amilcar Barral de UD  sospecha que el MAS aprobó la norma luego de recibir instrucciones del expresidente  Evo Morales, quien pidió   refugio en Argentina. 

“Seguramente recibieron las instrucciones desde Argentina, pues esta ley busca dar impunidad a los responsables que generaron violencia tras la renuncia de Morales”, sostuvo Barral, quien denunció que la propuesta  tiene   vicios de nulidad.

La diputada Yovana Jordán del PDC afirmó que “se vulneró el procedimiento legislativo que establece la Constitución”   y manifestó  que los responsables “algún  día van a responder” por sus actos.

Sonia Brito, diputada del “ala dura” del MAS, dijo que la  aprobación del proyecto es necesaria. “En Bolivia hubo dos masacres y Evo Morales salió del país porque en Bolivia hubo un golpe de Estado, porque grupos de choque querían matarlo”, afirmó.  

Después de más de dos horas de debate, la mayoría del MAS impuso su rodillo y sancionó la Ley de Inmunidad. 

Ante ello,  la presidenta de Senado, Eva Copa, manifestó que ahora la ley pasa al Ejecutivo y espera que en los próximos 10 días sea promulgada. “Considero que el Gobierno de transición recapacitará en estos días porque esta ley está basada solamente en los acuerdos que ellos realizaron con las organizaciones”, manifestó Copa.

Frente a esa postura, Israel Alanoca, viceministro de Coordinación Gubernamental, anunció que la presidenta Jeanine Añez amparada en el artículo 202, numeral 7 de la Constitución Política del Estado, enviará en consulta la Ley de Inmunidad  para que el TCP diga si es constitucional o no. 

Alanoca señaló que la norma nació con vicios de nulidad, debido a que en el Senado violaron el procedimiento legislativo al ser aprobada sin que haya  un informe de la Comisión de Constitución.

“Además carece de informes del Ejecutivo, como del Ministerio de Economía, de Justicia y de la Presidencia”, afirmó  la autoridad, quien explicó que el tema de fondo es que la ley vulnera artículos de la CPE .  

“Este proyecto de ley es innecesario e inconstitucional, innecesario porque la CPE en su parte dogmática habla de derechos, deberes y garantías y principios constitucionales, que no ameritan una ley específica de desarrollo, porque los derechos, deberes son de cumplimiento inmediato”, indicó.

   Alanoca explicó que con la norma el MAS pretende que se vulnere el principio de separación de poderes.

“Al mencionar que el Ejecutivo coordinará con el Órgano Judicial y la Fiscalía para que haya la cesación de la detención preventiva de las personas que participaron de las movilizaciones, se vulnera independencia”, señaló Alanoca, quien agregó  que la ley también es innecesaria porque plantea la reparación y resarcimiento de daños cuando el Gobierno ya emitió el Decreto Supremo 4100.

Algunos artículos de la Ley de Inmunidad  que sancionó Diputados

• Fallecidos  El artículo 3, parágrafo uno, del  proyecto  establece que se dispone que el Órgano Ejecutivo otorgue una reparación o resarcimiento de daños  a favor de los familiares de las personas fallecidas en las movilizaciones sociales a partir del 21 de octubre de 2019, en base a una calificación rápida y en un monto adecuado determinado por la autoridad competente.
•    Reparación  En su parágrafo dos se agrega que la reparación o resarcimiento de daños no inhibe a los familiares de las personas fallecidas a ejercer acciones ante tribunales nacionales e internacionales respecto a estos hechos.
•    Lesionados  El Órgano Ejecutivo se hará cargo de las personas lesionadas en las movilizaciones que se dieron a partir del 21 de octubre de 2019, disponiendo se otorgue una reparación o resarcimiento de daños, prestaciones en especie, atención médica, psicológica, intervención quirúrgica y rehabilitación  en servicios públicos y privados.
•  Detenidos  El artículo 5 de la ley indica que el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia coordinará con el Órgano Judicial y la Fiscalía, en el marco de sus atribuciones y competencias, la cesación de la detención preventiva “arbitraria”  de las personas privadas de libertad que participaron en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre.

  Analista: Ley  es de mero interés político

 El analista político Franklin Pareja dijo que el proyecto de Ley de Garantías, que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca convertir en una norma del país  es de “mero interés político”, porque su contenido se encuentra contemplado en la Constitución Política del Estado (CPE). 

“Claramente la intencionalidad de este proyecto de ley es tratar de blindar a algunas personas que, eventualmente, en el futuro haya algún tipo de convulsión. También denota que es un cortapiso para impedir que esta transición sea normal y estable”, declaró.

 La propuesta de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos o Ley de Garantías, cuya sorpresiva aprobación por la bancada del MAS fue cuestionada por los asambleístas y por  otras representaciones políticas, no debiera ser tratada porque el país nuevamente está tensionado, afirmó. 

Pareja señaló que la posición del MAS frente a la coyuntura del país genera un clima de crispación en los sectores sociales movilizados, a diferencia de proponer tranquilidad en un período de transición hacia una etapa de elecciones que demanda paz y serenidad. (ABI)