Rechazo del gobierno. La norma es rechazada por el Gobierno y otros partidos debido a que consideran que dará impunidad a exautoridades y responsables de actos vandálicos.

El MAS, por su parte, argumenta que la ley era necesaria para hacer efectivo el resarcimiento a familias de fallecidos y también a los heridos del conflicto postelectoral.

En el texto también se dispone que se tramite la liberación de personas detenidas arbitrariamente por participar en movilizaciones desde el 21 de octubre. Asimismo, orden respetar las garantías de todo ciudadano boliviano y extranjero que resida en el país, incluyendo a líderes sociales.

Con la sanción, la ley pasa al Ejecutivo para su promulgación, sin embargo, el Gobierno ya ratificó que la presidenta Jeanine Añez no dará vía libre a esa norma.

La presidenta del Senado, Eva Copa, advirtió que si Añez no acepta, será ella que promulgará la norma.

Evo Morales, detrás. La bancada de Unidad Demócrata (UD) denunció ayer que el expresidente Evo Morales ordenó a los legisladores del MAS aprobar la "ley de impunidad", en referencia al proyecto de Ley de Garantías, ahora denominada de Cumplimiento de Derechos Humanos, que sancionó ayer la Cámara Baja. "Es una ley que pretende dar impunidad a delincuentes que han creado zozobra todo este tiempo", manifestó el diputado de UD, Amilcar Barral, en el pleno camaral y denunció que ese proyecto de ley fue agendado vía correspondencia, sin respetar los pasos y la normativa parlamentaria para la aprobación de leyes.