De entonces a la fecha, han transcurrido 60 días y es un tiempo relativamente corto para llevar adelante un cambio en la administración del aparato estatal, respondiendo a la opción legal y democrática de la transición que permite nominar autoridades sustitutas para continuar con la marcha del Estado, evitando un vacío de poder que ocasionó la abrupta salida de los dos principales gobernantes y el desbande de sus directos colaboradores, muchos que siguieron el ejemplo de buscar asilo diplomático, situación que para algunos persiste, pese a ciertas condiciones de orden legal que se han dado, pero que no se cumplen.

La misión directa, dispuesta por efecto de nuestra CPE, determina que la autoridad que se haga cargo de dirigir la transición, deberá encarar la convocatoria y organización de nuevas elecciones, debidamente garantizadas para renovar el sistema democrático en Bolivia. Esa misión ha sido ya encaminada y hay un calendario para el desarrollo de todo un nuevo proceso electoral que llevará a millones de bolivianas y bolivianos a las urnas el próximo 3 de mayo.

Hay que reconocer que es tarea difícil llevar adelante una obligada tarea de transición de todo el aparato estatal en un tiempo relativamente corto y en el que priman responsabilidades ineludibles y prioritarias, justamente como las elecciones generales, pero con un añadido, cuando surge otra parte complementaria en materia electoral y se trata de seleccionar también a las autoridades de gobernaciones y municipios, en lo que se denomina elecciones subnacionales y que en los hechos reales, implica un costo financiero que sumado al que se repetirá en las elecciones generales, reemplazando a las fraudulentas del anterior régimen, el gasto se hace fabuloso y obligadamente desembolsable por el actual gobierno para cumplir objetivos en el restablecimiento de la democracia, lastimada al final de la gestión pasada.

A propósito de ese hecho, hay corrientes internas muy fuertes que plantean al Gobierno de Transición, adoptar las medidas legales que correspondan, para establecer responsabilidades directas en el fallido proceso electoral, suspendido y anulado por su fraudulenta realización. Hay responsables directos del hecho, pero por encima de algunos funcionarios del órgano electoral que se desbandó, naturalmente que dos cabezas, talvez más, son las que determinaron alterar los resultados en busca de cifras favorables a un binomio que ante la realidad de los hechos y consumado su delito, prefirió renunciar y ponerse a buen recaudo.

Es complejo el proceso de transición que conlleva no sólo trabajar en la preparación de elecciones, hay obligaciones ineludibles que tienen que ver con la continuidad de las funciones estatales, de modo que no se detenga el aparato y las funciones de Estado. Es innegable que por las razones obvias de un "gobierno abandonado", muchos seguidores del sistema deberán ser reemplazados, tarea que implica responsabilidad, en función a tener gente que responda con eficiencia al reto temporal de la transitoriedad.

Lo que no se justifica, bajo ninguna situación política, según las autoridades, pero sobre todo los dirigentes políticos y cívicos, es admitir amenazas de dirigentes extremistas, anunciando convulsionar el país la siguiente semana. El Gobierno de Transición, tiene respaldo legal para actuar con la Ley si se pretende otra vez, confrontar el país y alterar la convivencia pacífica.