“El Órgano Ejecutivo también debe sumarse al cumplimiento de la Constitución Política del Estado y pedir la conclusión de actividades de la Asamblea Legislativa, este 22 de enero, de acuerdo a lo establecido por el artículo 156 de nuestra Ley Suprema”, dijo a la ABI.

Gareca realizó ese análisis constitucional a partir de la abrupta aprobación del proyecto de ley 511, de Cumplimiento de Derechos Humanos, en la Cámara de Senadores, que es observada por legisladores contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS) y analistas políticos por atentar contra la seguridad del país y respaldar con “impunidad” a quienes generaron violencia en los hechos de octubre y noviembre.

“La promulgación de esta ley, no se hará efectiva a menos que el mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional sea prorrogado dándole oportunidad de aprobar y presentar este tipo de proyectos de ley anticonstitucionales”, argumentó.

Según el jurista el proyecto de ley 511, así como el proyecto de prórroga de mandato, atentan a mandatos de orden constitucional.

“Seguramente seguirán (los asambleístas) dando muestras claras de generar inestabilidad política, social y democrática en el país, pretendiendo proteger a quienes actuaron en el fraude electoral y después del mismo”, enfatizó.

Finalmente realizó un análisis de algunos de los propósitos inconstitucionales que busca ese proyecto de ley.

El primero, en su criterio, es buscar a proteger a las personas que participaron en el fraude electoral detectado en los comicios del 20 de octubre pasado.

Explicó, asimismo, que las personas privadas de libertad que participaron en las movilizaciones a partir del 21 de Octubre de 2019 serán beneficiadas con la cesación de la detención preventiva.

“Esta es la parte más delicada porque da a entender que es un proyecto que disfraza la impunidad, rompiendo los principios de igualdad, de independencia de poderes y tratando a los administradores de la justicia como títeres”, reflexionó.

Agregó que el proyecto de ley 511 dice que serán protegidos en sus garantías constitucionales los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizadas en el campo y en la ciudad.