A una semana de que culmine la gestión 2015 – 2020 de las autoridades electas por voto en los comicios de 2014, vuelve la tensión en el ámbito político social del país con varios anuncios de movilizaciones y protestas para el 22 de enero.

Morales, desde su asilo en la Argentina, en una entrevista el fin de semana mencionó que, de volver a Bolivia, “hay que organizar como Venezuela milicias armadas del pueblo”.

Estas declaraciones alertaron hasta a algunos legisladores masistas que criticaron a su líder afirmando que “con estas últimas declaraciones e inclusive otras, definitivamente Evo Morales se está convirtiendo en jefe de campaña de los partidos de derecha”, dijo el senador Omar Aguilar.

Ayer, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, repudió las intenciones de Evo Morales y alertó que el exmandatario nuevamente busca sembrar terrorismo, muerte y confrontación, con la intención de establecer milicias armadas en Bolivia.

“Nosotros rechazamos las amenazas de Evo Morales de desestabilizar (el país) con violencia, terrorismo, muerte (...), de pretender llevarnos en el mismo camino de Venezuela”, afirmó la autoridad a los periodistas.

Asimismo, la presidenta Jeanine Añez, afirmó a través de su cuenta en Twitter que “las declaraciones de Morales sólo demuestran que la paz, la reconciliación y la democracia nunca fueron opciones para él. Ante la intención de sembrar terror y violencia solo encontrarán al pueblo boliviano unido, y frente a las amenazas nuestra más profunda vocación democrática”.

Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, mediante un comunicado, afirmó que la declaración de Morales se constituyen en delitos contra la seguridad del Estado y afirmó que por su condición jurídica como “solicitante de refugio o refugiado” en el vecino país, éste “no puede emitir declaraciones políticas, pues son una clara amenaza al orden público, tanto para Bolivia como para Argentina”.

“Estas declaraciones del expresidente son un claro llamamiento a la violencia contra el pueblo boliviano y su gobierno, y constituyen graves delitos de sedición, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración e incluso configuran terrorismo”, cita el pronunciamiento emitido por la Cancillería.

En ese marco, la Cancillería instó al Gobierno argentino a no permitir que el expresidente “realice llamados a la violencia, odio, discriminación o subversión, que claramente sobrepasan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y otros derechos políticos garantizados”.

“Esto sería contrario a las normas del derecho internacional y principios de las Naciones Unidas”, agrega el pronunciamiento emitido tras conocer las declaraciones de Morales que generaron un rechazo generalizado en el país.