«No vamos a permitir la puesta en vigencia de esa ley de garantías, no vamos a permitir la impunidad para nadie que haya cometido delitos», señaló el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno en La Paz.

La Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, cuyo nombre anterior era el de Garantías Constitucionales, fue aprobada el sábado por la mayoría del MAS en el Senado con algunas modificaciones que pasaron nuevamente a consideración de la Cámara de Diputados, también controlada por el partido de Morales.

Polémica ante la propuesta

El MAS presentó el proyecto legislativo poco después del 10 de noviembre, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.

La propuesta legal primero se aprobó a principios de diciembre en la Cámara de Diputados y, tras varias semanas de pausa, fue retomada por el Senado.

Uno de los aspectos centrales establece garantías de derechos y libertades para líderes sociales, cívicos, sindicales y políticos, bolivianos y extranjeros, que reciban hostigamientos, amenazas o vulneraciones contra su integridad o la de sus bienes.

Según el Gobierno de Jeanine Áñez, esto podría favorecer a quienes han sido detenidos en varias protestas acusados de causar daños a la propiedad pública y privada, o de delitos por terrorismo y sedición.

La propuesta legislativa plantea la reparación o resarcimiento de daños a favor de los familiares de los fallecidos y heridos en las protestas que siguieron a las elecciones fallidas del 20 de octubre, a pesar de que el Gobierno de transición ya aprobó un decreto con un propósito similar.

El texto también determina la suspensión de la detención preventiva de los encarcelados durante las protestas que se produjeron en la crisis social que afectó a Bolivia en octubre y noviembre del año pasado.

La neutralización de la ley

El ministro de Justicia se refirió sobre la forma de «neutralizar jurídicamente» cuando la ley pase al Ejecutivo tras su aprobación definitiva en el Legislativo.

Esto implica que se habiliten «recursos extraordinarios» previstos en la Carta Magna, como una consulta al Tribunal Constitucional para retener temporalmente su aplicación ante la negativa de la presidenta Áñez de promulgar el texto, aseguró.

«Voy a cumplir lo que dice la normativa», aseguró por su parte la presidenta del Senado, Eva Copa, perteneciente al MAS, sobre la posibilidad de promulgar la ley en caso de que Áñez decida no hacerlo.

Copa sostuvo que el proyecto legal en «ninguna parte» menciona algo sobre la impunidad o protección de algún delito, sino que es el resultado de las negociaciones que se realizaron tras la crisis del año pasado con organismos internacionales para pacificar el país.

Los resultados de la crisis

La crisis que atravesó Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre y que prosiguió después de la dimisión de Morales dejó 35 fallecidos, 832 heridos y unos 109 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

Entre los decesos se cuenta a personas que se manifestaron en contra y a favor del expresidente, además de policías que fallecieron por causas violentas durante las jornadas de tensión.

Muchas de las muertes se produjeron en sucesos entre las Fuerzas Armadas y los partidarios de Morales en zonas como Sacaba, en la central Cochabamba, y Senkata en la ciudad de El Alto, en los que se acusó a las fuerzas de seguridad de usar armamento letal.

A pesar de esa versión, los responsables del Gobierno de transición aseguraron que las municiones encontradas no correspondían a armamento militar y defendieron la posibilidad de que los muertos hayan sido provocados desde las manifestaciones mismas.