“Lo primero es que el fiscal general tiene que iniciar un proceso de oficio respecto a las declaraciones porque hay al menos tres delitos. Vemos que una vez más quiere llamar a la convulsión social porque él ha perdido el 90% del apoyo luego de su renuncia”, dijo el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.

El Gobierno lanzó toda su artillería ayer en actos públicos y conferencias de prensa donde el tema principal eran las declaraciones del expresidente. Los ministros Yerko Núñez, Roxana Lizárraga, Álvaro Coimbra y Luis Fernando López fueron los ministros que se pronunciaron respecto de la arenga evista.

Ayer, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y dos activistas cívicos de Sucre y Cochabamba denunciaron en la Fiscalía General al expresidente Morales; al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque; y al líder cocalero, Andrónico Rodríguez, por presunta sedición y desestabilización al Gobierno de Jeanine Áñez.

Calvo y los activistas cívicos de Sucre, Gino Urey, y de Cochabamba, Gonzalo Enrique Ferrufino, se apersonaron a la Fiscalía para presentar una nueva denuncia, que sería la segunda contra Morales, esta vez por las declaraciones que hiciera en Argentina, de organizar milicias armadas como en Venezuela y entregar armamento a civiles. Para Calvo, esas declaraciones son pruebas evidentes de actitudes delictivas de terrorismo, sedición y desestabilización contra el Gobierno de Áñez y que van en contra del proceso de pacificación del país.

Mientras que en el MAS optaron por el silencio o por relativizar las declaraciones que realizó el expresidente a través de una entrevista en radio Kausachun Coca el domingo. El precandidato David Choquehuanca aseguró que todas las personas tienen el derecho de expresarse en la forma que elijan y que debe haber tolerancia.

“Lo que dijo (Evo Morales) está dentro de la libertad de expresión, aunque no sea de nuestro agrado, está dentro de la libertad de expresión. Yo defiendo la libertad de expresión, no hay que perseguir ni encarcelar la libertad de expresión; es más, hay que apoyar la libertad de expresión”, dijo a los medios de comunicación.

Pero sus apreciaciones no encontraron eco, porque la presidenta del Senado, Eva Copa, aseguró que en Bolivia solo existen dos instituciones legalmente reconocidas que son las FFAA y la Policía.

Sabotaje

Pero no son los únicos, el exdiputado y dirigente aimara, Germán Inka Choquehuanca, aseguró que en esta etapa que el país ingresa en una carrera electoral y cuando el MAS intenta recuperar espacios, una declaración, como la emitida el domingo, solo puede ser tomada como un sabotaje al propio precandidato masista.

“Evo Morales tiene que entender que ya no es presidente y que existen otros candidatos que están surgiendo y cualquier cosa que diga va a perjudicar electoralmente a los candidatos. Él sabe que en una campaña habrá todo tipo de guerra sucia y que este caso será tomado con alegría por los adversarios”.

El dirigente afirmó que las apreciaciones de Morales solo perjudican al candidato Choquehuanca porque tiene preferencia por su exministro Luis Arce Catacora y es que perdió la esencia indígena.

El senador, Omar Aguilar (MAS) también fustigó las declaraciones de su jefe partidario y aseguró que lo único que se puede concluir es que Morales se está convirtiendo en jefe de campaña de los opositores.

Ponchos rojos

Aunque los dirigentes y viejos dirigentes del masismo reconocieron que el ala radical era el más entusiasta en este tipo de actos y recordaron que los denominados ponchos rojos eran considerados la milicia del MAS. Recordaron que en los inicios del gobierno de Evo, él apoyaba todas sus acciones en los dirigentes de la provincia Omasuyos de La Paz y que implantó en ese grupo la denominada “policía sindical”.

La conocida “guardia indígena”, estuvo en todos los actos de Morales durante su primer gobierno, recordaron los dirigentes, quienes pidieron reserva de sus nombres. Recordaron que en 2003 fue la aparición pública de los denominados ponchos rojos y que luego se extendió hasta 2008 cuando hubo una fuerte pugna política con la denominada “media luna”.

Todos los dirigentes aseguran que el principal impulsor era el entonces vicepresidente Álvaro García que propuso incluso su participación en las paradas militares que realizaban las FFAA.

El ultimátum

Un ala del MAS se aferra a su propuesta de la salida del Gobierno el 22 de enero próximo. Aunque tampoco explican qué pasará con el Estado boliviano y quién puede dirigir el país, hay masistas que creen que existe un órgano electoral que puede llevar las elecciones sin necesidad de Gobierno.

En Cochabamba, dirigentes del partido azul llamaron a la movilización de las bases masistas para el 22 de enero y pedir la salida del Gobierno de Áñez. En contrapartida, los que se movilizaron en contra de Evo en octubre pasado, llamaron a la vigilia en rotondas.

El Gobierno habla de procesar a radio Kawsachun coca y su director afirma que toda acción es política

La sanción a radio Kawsachun Coca, que es propiedad de las seis federaciones de cocaleros del Chapare, asomó ayer cuando el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que debe ser la Fiscalía la que investigue por qué desde esta emisora se lanzan mensajes violentos a través de la voz del expresidente Evo Morales.

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, también dejó en manos de la justicia las sanciones que pueda haber en contra de la emisora cocalera y dijo que desde esa radio quieren movilizar a grupos armados en contra de los bolivianos.

El director de la radio, Ramiro García, afirmó que ellos dan voz a sus afiliados y que en las emisiones que se realizan, no existe ninguna declaración que pueda ser considerada como subversiva. “Pero ellos tienen el poder en este momento y pueden tomar las medidas que les parezca, aunque no tengan razón”.

Dijo que esta emisora es privada porque se instaló con los aportes de los propios cocaleros hace más de 16 años y que por eso lleva el nombre genérico. Explicó también que cada federación de los cocaleros tiene su propia radio y que todos compraron los equipos con dinero propio, aunque se encuentran dentro el programa de Radio de Pueblos Originarios (RPO).

Apología del delito, es la acusación que piensa el Gobierno, el mismo delito por el que fue clausurada la radio Metropolitana.