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Medio: HOY BOLIVIA
Fecha de la publicación: lunes 13 de enero de 2020
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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13/01/2020 - 16:53:24
La Paz, (ABI).- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a nombre del Estado boliviano, condenó el lunes las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien habló de la formación de milicias armadas en Bolivia, y lo acusó de cometer graves delitos de sedición y alzamiento armado.
"Estas declaraciones del expresidente son un claro llamamiento a la violencia contra el pueblo boliviano y su Gobierno, y constituyen graves delitos de sedición, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, conspiración e incluso configuran terrorismo", cita un pronunciamiento emitido por la Cancillería.
Ayer, la radio Kawsachum Coca (RKC) del Trópico de Cochabamba difundió un audio en el que Morales, sobre quien pesa una orden de aprehensión por los delitos de sedición y terrorismo, manifestó que si retornara a Bolivia "hay que organizar, como Venezuela, a milicias armadas del pueblo".
Además, reconoció que su Gobierno cometió un "error garrafal" al no contar con "un plan B" para evitar la caída de su régimen.
Las declaraciones generaron polémica en el país, al punto que el gobierno de la presidenta Jeanine Añez expresó su rechazo y anunció procesos penales contra el exmandatario quien permanece asilado en Argentina tras el conflicto postelectoral que se generó por las denuncias de fraude electoral y el descontento social.
La Cancillería denunció que debido a que la condición jurídica de Morales "es la de solicitante de refugio o refugiado" en el vecino país, este "no puede emitir declaraciones políticas de esa naturaleza, pues son una clara amenaza al orden público, tanto para Bolivia como para Argentina".
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores instó al Gobierno argentino a no permitir que el expresidente "realice llamados a la violencia, odio, discriminación o subversión, que claramente sobrepasan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y otros derechos políticos garantizados".
"Esto sería contrario a las normas del derecho internacional y principios de las Naciones Unidas", agrega el documento.