En el documento aprobado el 5 de enero, el Órgano Electoral establece al menos 17 restricciones para los jurados y notarios electorales que desarrollen funciones durante la jornada electoral. La determinación se basa en los argumentos de bien jurídico, derechos afectados, recurrencia de las faltas, vigencia o aplicación, responsabilidad del sujeto que comete la falta, y proporcionalidad de la multa con la falta cometida.

“Se tiene que sentar una serie de obligatoriedad para que los jurados y notarios electorales cumplan con las tareas que les han sido asignadas. Eso es lo que se llama en derecho coerción que tiene validez porque tiene la fundamentación de un órgano del Estado con el fin de imponer autoridad, algo que el anterior órgano no lo hizo”, puntualizó Coca.

Entre las restricción que describe el texto esta que los jurados y notarios que no velen por la integridad y las seguridad del material electoral, serán sancionados, tomando en cuentas que en el informe de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que la cadena de custodia del material era muy frágil.

SANCIONES

En el caso de los jurados electorales se implementará una sanción del 5% del salario mínimo nacional a aquellos que no asistan a las juntas organizadas por el ente electoral, tras el conocimiento de su designación. El calendario electoral establece que el sorteo de estas autoridades se realizará el 3 de abril, 30 días antes de la jornada de sufragio.

La sanción pecuniaria sube en base a las faltas que incurran estos ciudadanos, por ejemplo, en el caso de que se nieguen a brindar asistencia para la emisión del voto de las personas con discapacidad o personas mayores de 60 años serán multados con el 15%.

Los jurados que se ausenten de forma temporal de la mesa serán multados con el 25%. Las amonestaciones se endurecen de hasta el 30% en caso de que no devuelvan al notario electoral el material en los sobres de seguridad, se nieguen a entregar las copias del acta a los delegados de los partidos y que no cumplan con el horario establecido para la emisión del voto.

Por último, la sanción más alta a pagar por los jurados es el 50% del salario a quienes se nieguen a firmar el acta electoral o consignar los resultados y las observaciones presentadas en el momento del escrutinio de las boletas de sufragio.

NOTARIOS

Para los notarios electorales se endurecen las multas económicas hasta el 60%, esto se da en los casos de que no velen por la seguridad del material electoral mientras esté bajo su custodia y no distribuyan de manera oportuna a las mesas de sufragio.

Por otra parte, aquellos que no sean parte de la capacitación y la organización de los jurados electorales, deberán pagar una sanción del 50%, además de que se ausenten del reciento electoral al que fueron designados.

La resolución del Órgano Electoral prevé que en caso de las autoridades electorales que no hayan cancelado la sanción económica, deberán cumplir el arresto de 8 horas en celdas policiales.

Al respecto, Coca consideró que al tomar estas decisiones, el Órgano Electoral está previniendo a un posible escenario de conflicto entre los militantes del Movimiento Al Socialismo y los que no lo son, ya que existe el riesgo de que los jurados se nieguen a firmar las actas por presión de los delegados partidarios.

FUNCIONARIOS

El ente electoral también definió sanciones para los funcionarios públicos, quienes deberán pagar el 80% de un salario mínimo, si pretenden instalar mesas de sufragio de forma irregular, a quienes faciliten inmuebles y mobiliario a organizaciones políticas durante el periodo electoral.

En el anterior proceso electoral se aprobó un reglamento donde advertían algunas prohibiciones para los servidores públicos, pero no figuraba de forma clara las sanciones que debían pagar en caso de que incurran en falta electorales. Esto fue cuestionado por las organizaciones políticas opositoras al entonces gobierno de Evo Morales.

PARTIDOS

Las organizaciones políticas no quedaron exentas de las multas que asciende hasta 40 salarios mínimos en caso de que incumplan las resoluciones dirigidas a los partidos, obstaculicen o ejerzan presión en el proceso de elección o designación de autoridades y otras acciones.

Empero, la falta más grave es que realicen campaña o emitan propaganda electoral antes de la publicación de la convocatoria a elecciones generales y durante los tres días antes de la votación.