Pero repentinamente el ciudadano de Orinoca cambió de opinión, decidió aplazar su viaje argumentando que sólo estaba yendo de curioso a un evento sobre derechos humanos, pues no había recibido una invitación formal. Recordemos que otro traslado que tiene en suspenso es el que iba a hacer a la ciudad de Orán, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia, donde le resultaría más fácil y más barato llevar adelante la operación retorno que lo mantiene ocupado. 

En Argentina, el ex mandatario ya no se siente tan cómodo como antes. La administración de Alberto Fernández cada vez tiene menos tiempo para la ideología y se entrega de lleno al pragmatismo, única manera de aplacar a los acreedores, al Fondo Monetario Internacional y sobre todo, a la Casa Blanca, que ha condicionado su cooperación al país a cambio de neutralizar a Evo Morales. La Casa Rosada no rechista y encima de eso colabora rechazando el reciente golpe al poder legislativo del dictador venezolano Nicolás Maduro. La cereza en la torta es una extensa nota de opinión publicada en el diario Clarín en el que tildan de “persona non-grata” al líder boliviano, a quien le recuerdan todos los crímenes por los que debe responder en Bolivia, incluido el monstruoso fraude cometido el pasado 20 de octubre.

En medio de ese contexto poco favorable para el cocalero, la Fiscalía General del Estado por fin decide activar la solicitud a la Interpol para que se aplique el “sello rojo” contra Morales, lo que implica viabilizar el orden de captura internacional. Por eso mismo es que no llama la atención que el Congreso en manos del MAS decida actuar con premura y reactive el tratamiento de la Ley de Garantías Constitucionales y la apruebe entre gallos y medianoche.

Intentar garantizarle la impunidad al prófugo dentro de nuestro territorio tal vez se convierta en la única alternativa que le queda para no caer en manos de la justicia internacional, ante la cual debe responder por delitos de narcotráfico y de violación a los derechos humanos, más concretamente por la masacre del hotel Las Américas, donde murieron por orden suya tres ciudadanos europeos. Obviamente, esa ley no es garantía y la prueba es que ninguna protección oficial puede salvar al ex ministro Romero del destino que le espera.

Intentar garantizarle la impunidad al prófugo dentro de nuestro territorio tal vez se convierta en la única alternativa que le queda para no caer en manos de la justicia internacional, ante la cual debe responder por delitos de narcotráfico y de violación a los derechos humanos.