En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor de la reelección indefinida de Evo Morales y de Álvaro García Linera, desconociendo la mayor instancia de la democracia, el voto soberano de los bolivianos que había rechazado esa opción en un referéndum de 2016; la resolución del TCP permitía entonces que el jefe del MAS sea candidato a la Presidencia las veces que quiera, bajo el argumento de que no se le podía restringir ese ‘derecho humano’. Esa habilitación se hizo de manera grotesca y abusando del poder político del Movimiento Al Socialismo. Se debe recordar que parte de los entonces magistrados del TCP fueron ‘premiados’ posteriormente con cargos diplomáticos.

A pesar de la frustración causada en el pueblo, que mayoritariamente dijo no a la reelección, los comicios se llevaron adelante el 20 de octubre de 2019 con el rostro de Evo Morales en la papeleta de sufragio; sin embargo, se confirmó un fraude descarado, corroborado por una misión de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la misma que había sido solicitada por el expresidente. Esta manipulación permitió una revolución ciudadana pacífica que demandó la renuncia del expresidente y él se fue, aunque después azuzó a sus bases a generar violencia en el país.

Renunciaron Evo Morales, a la Presidencia; Álvaro García Linera, a la Vicepresidencia, así como los dos presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, con lo que se produjo un vacío de poder, que generaba incertidumbre y violencia en el país.

Al marcharse las exautoridades, se produjo la sucesión constitucional y asumió la Presidencia la senadora Jeanine Áñez, lo cual fue reconocido por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Este 22 de enero vencen los periodos constitucionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo; empero, la elección nacional se realizará el 3 de mayo y la posesión del nuevo presidente será en julio de 2020, por lo que es preciso que no se genere un nuevo vacío de poder. La certificación de que Jeanine Áñez puede seguir siendo mandataria hasta esa fecha depende del reconocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El MAS está presionando para que el TCP no reconozca la prórroga del mandato, porque tiene el interés de generar inestabilidad y un nuevo vacío de poder, a fin de favorecer la estrategia de los abogados extranjeros de Evo Morales, quienes sugieren que la Presidencia del Estado sea asumida por la titular de la Corte Suprema de Justicia, lo cual ya no está reconocido en la Carta Magna boliviana y, aparte de ser ilegal, sería una nueva traición a la buena fe de la ciudadanía que, en su mayoría, no es masista y pidió que el impulsor del fraude electoral (Evo Morales) se marche de Bolivia.

El TCP está frente a una prueba de fuego. O defiende las leyes bolivianas y el interés democrático de la ciudadanía o se somete a los designios de un partido político y de un expresidente que ya le ha hecho mucho daño al país.