Reunidos en el estadio del centro de minero de Huanuni, los dirigentes de las organizaciones sociales y militantes de base aseguraron que el mandato de Añez y los asambleístas termina el 22 de enero.

El ampliado resolvió organizar concentraciones pacíficas en cada departamento, mientras esperan el voto de rechazo a la renuncia del presidente Evo Morales. La próxima sesión de la Asamblea fue convocada para el 17 de enero.

El encuentro ratificó la unidad de la clase media obrera, indígenas, organizaciones sociales, transportistas que serán los encargados de conformar coordinadores de defensa de la democracia.

Determinó instruir a sus asambleítas aseguren la aprobación de la Ley de Garantías que – según ellos – debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, caso contrario debe promulgar la presidente del Senado, Eva Copa.

También declararon persona no grata al Fiscal General del Estado Juan Lanchipa por la “persecución de dirigentes y no garantizar justicia” y expresaron su repudio a la intención del gobierno de acallar a los medios de comunicación vinculadas a los pueblos originarios.

Asimismo, rechazaron cualquier intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el proceso electoral que se avecina, supuestamente por ir contra el pueblo. En las pasadas elecciones, la Misión de Observadores Electorales del organismo hemisférico denunció fraude electoral y luego una comisión de auditores corroboró las irregularidades que precipitaron la renuncia de Evo Morales.

El Pacto de Unidad está compuesto por dirigentes sindicales campesinos, interculturales, mineros. Al evento asistieron dirigentes de la Central Obrera Boliviana que también exigieron la interpelación en la Asamblea Legislativa de los ministros de Estado por “causar daños y muerte al pueblo boliviano”, por lo que conminaron a las autoridades cumplir la Constitución Política del Estado.

Ley de Garantías

La Cámara de Senadores aprobó la noche del viernes, en su estación en grande y en detalle, el proyecto de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, calificada también como «ley de inmunidad», y la derivó a la Cámara de Diputados para fines constitucionales.

La polémica se centra en el artículo 7, que habla de garantías constitucionales a la libre locomoción, derecho al trabajo y libertades constitucionales para líderes sociales y dirigentes sindicales, cívicos y políticos dentro del territorio nacional.

Analistas explican que eso implica que si Evo Morales retorna al país no podrá ser detenido inmediatamente, como sugiere el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, si no que deberá someterse a un proceso legal y con los conductos regulares que el poder judicial establece.

Sin embargo, el senador Oscar Ortiz ya adelantó que la sesión será impugnada, porque se cometieron varias irregularidades. «El reglamento nos da 15 días hábiles y solo llevamos seis porque hemos estado en receso», dijo la noche del viernes, al momento de abandonar el hemiciclo de Senadores.

Si la norma es aprobada en la Cámara de Diputados pasará al Ejecutivo para que sea promulgada. En caso de que la presidenta, Jeanine Áñez, se niegue a promulgar la ley, la presidenta del Senado ya adelantó que ella promulgará la ley.