Se trata de la posibilidad de una ampliación del mandato de las autoridades ejecutivas del país, a partir de la Presidenta, sus ministros, los parlamentarios de ambas cámaras, autoridades departamentales y municipales en todo el país, por un periodo de siete meses, lo que significará al Estado boliviano una erogación nada menos que de 3 mil 172 millones de bolivianos, exclusivamente para cubrir los gastos de sueldos y salarios. Un enorme gasto que se sumará a la inversión obligada en el nuevo proceso electoral presidencialista, tendrá otro costo elegir más adelante a gobernadores y munícipes.

Así se presentan las cosas, con cierta forzada posición de quienes no quieren renunciar a más de medio año de gastos pagados por un trabajo que sólo justificará "compensar" un balance de autoridad que supuestamente requiere el Ejecutivo para su reconocimiento legal por parte del Legislativo que en este mes de enero concluye su mandato.

Por el estudio que realizan analistas de la materia, resultaría poco menos que imposible, aplicar un justificativo que disponga sólo la ampliación de mandato de la Presidenta, sus ministros y viceministros, hasta completar la misión encomendada que está relacionada con las nuevas elecciones y que de ser posible sólo significaría un gasto de 11,6 millones de bolivianos.

Se entiende claramente que el gasto que sufragará el Estado, se eleva de manera sustancial con el pago de dietas a los parlamentarios, la mayoría del partido descabezado por fraude electoral. Otro de los presupuestos fuertes se "diluirá" en el pago de planillas de los gobiernos autónomos departamentales y a los municipales, una obligación ineludible por tratarse de "compromisos sociales" como lo establecen las obligaciones laborales.

Todavía se discute la factibilidad o no de realizar elecciones generales conjuntas, las nacionales y las subnacionales lo que permitiría un ahorro de más de 450 millones de bolivianos, suma respetable en función a los cálculos que en la actualidad realizan los estadistas, las autoridades gubernamentales, y por supuesto los representantes legislativos, que en mayoría, son los más interesados en una prórroga de mandatos que sobrepasará un medio año más de funciones con "todo pagado", situación que según algunos observadores debería significar "un honorable compromiso" de gobernabilidad en defensa de la democracia y en respeto a las leyes y los derechos ciudadanos, aunque para mucha gente, como se dice comúnmente, es "pedir peras, al olmo".

Aunque el tiempo avanza inexorable, todavía hay la esperanza de que algunas modificaciones de orden estructural permitan ahorros significativos que en la presente circunstancia es vital. Organizar las (dos) elecciones juntas, tendría ventajas considerables, ahorro de presupuesto y de tiempo, los dos elementos más costosos del proceso y con beneficios a la clase política legislativa.