Cabrera  precisó que el tema fue abordado en la primera reunión que sostuvo con el fiscal general de Estado, Juan Lanchipa.  

“Uno de los temas (abordados en la reunión)  fue el juicio a los vocales nacionales y departamentales, que ya ha iniciado el Ministerio Público y en los cuales la Procuraduría también va a concurrir, porque hay un daño de más de 200 millones de bolivianos al Estado en el presupuesto que se ejecutó para las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019, que el Estado ya perdió.     Alguien tiene que responder por esos recursos económicos”, dijo  la autoridad en una entrevista con ABI.

    El Procurador  añadió que su despacho también tiene la misión de recuperar para Bolivia 1.000  millones de dólares en cuatro escenarios arbitrales internacionales y más de 2.000 millones de dólares en estrados nacionales, en los que se   siguen 64.000 procesos a 881 entidades del Estado. Adelantó que se   sumará con sus abogados para recuperar el patrimonio del Fondo Indígena (Fondioc), además de reabrir casos como el de Quiborax.

Consultado sobre los juicios arbitrales en curso y cuál el riesgo para el Estado boliviano de perderlos, en términos económicos, el Procurador dijo: “Son sólo cuatro los procesos arbitrales que subsisten y suman la cantidad de aproximadamente 1.000 millones de dólares en contra del Estado boliviano”.

Precisó que el más cuantioso es el de la empresa Glencore, de 675 millones de dólares. Después está la de  AFP Previsión, con más de 103 millones, seguida de  la empresa Air VP, que suministraba combustible a la aviación, con   28 millones de dólares; y el de la empresa minera Orlandini, que contempla   cientos de millones en sus demandas, pero aún   se ha entrado en la etapa del “quantum”.

Repecto al caso Quiborax, informó que se están  ante un evidente mal patrocinio de la defensa del Estado, “en la que  Bolivia fue condenada al pago de millones de dólares”. 

“Es un caso con sentencias ejecutoriadas donde hay abundantes indicios de mal patrocinio al Estado”, sostuvo.

“La Procuraduría está gestionando una auditoría privada externa independiente para que estudie cómo se llevó a cabo el proceso de defensa en el caso Quiborax y se identifique a los principales responsables de esta pérdida millonaria por la negligencia, muy probablemente dolosa de exautoridades”, añadió.

José María Cabrera tiene 41 años de edad, nació en Oruro, vivió en Santa Cruz desde sus dos años y ahora radica en la ciudad de El Alto, donde está la sede de la Procuraduría General del Estado.