Por otro lado, el proyecto dispone que el Ejecutivo coordine  con el Órgano Judicial y la Fiscalía,  “la cesación de la detención preventiva arbitraria”.  

“El Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para las bolivianas y los bolivianos, las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia; comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”, se lee en el artículo 7 del proyecto. 

 Consultado sobre si el Ejecutivo ve  riesgo de que con   esa disposición  se pretenda favorecer al expresidente Evo Morales, Israel Alanoca,  viceministro de  Gestión Gubernamental, dijo:  “aparentemente sí”.

 “La Constitución Política del Estado (CPE) estableció derechos, deberes, principios y garantías constitucionales no sólo para personas especiales, sino para todo el pueblo ciudadano. Si se propone un proyecto de ley específicamente para unos cuantos sectores, habría una discriminación”, explicó Alanoca.

Morales aún es presidente del MAS y máximo dirigente de los cocaleros del Chapare. 

     El expresidente  tiene una orden de aprehensión en su contra por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. El 20 de noviembre de 2019, la Fiscalía abrió de oficio una  investigación  por una llamada telefónica  en la que una voz, que se atribuye al exmandatario, instruye al dirigente Faustino Yucra “cercar y dejar sin alimento a las ciudades”.

 
Édgar Montaño, diputado del MAS, afirma que “lo que se quiere (con la ley) es que la sociedad tenga plena libertad de expresar  su opinión, de poder circular libremente, y que tenga su derecho al trabajo,  algo que no está ocurriendo en este momento”.

Consultada sobre si la norma favorece a Morales, Eva Copa dijo “de ninguna manera”. “Lo que nosotros solicitamos es que haya  un debido proceso en torno a los que están detenidos; y a los que no tienen nada, ningún delito, los puedan soltar porque no se les encontró nada”, agregó.
   
El artículo 5 de ese proyecto establece que el Ejecutivo coordinará con el Órgano Judicial y la Fiscalía  “la cesación de la detención preventiva arbitraria de las personas privadas de libertad que participaron en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre de 2019”.

 
La diputada Rosemarie Sandóval, de Demócratas,   dijo que el proyecto es “inconstitucional”, puesto que la  CPE “establece que los derechos ya están amparados en uno de los artículos”.  La legisladora agregó que  el texto “penetra el ejercicio del Ministerio Público y al Órgano Judicial”. “Esta ha sido una cuestión electoral... Esto pasa a Diputados, todavía no está cerrada la cuestión. Y ahí se generará el debate que corresponde”, afirmó la legisladora, quien anticipó que los Demócratas interpondrán recursos ante el Tribunal Constitucional.
 
Disposiciones de la    Ley de Cumplimiento de los DDHH   

• Objeto  El  proyecto  Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos  tiene por objeto “velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales: civiles, políticos y de libre expresión”, además de “prohibir las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas, arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades”, por los acontecimientos  suscitados a partir del 21 de octubre de 2019. 
•   Resarcimiento   En el proyecto se dispone que el Gobierno dé “una reparación o resarcimiento de daños” a favor de los familiares de las personas fallecidas en las movilizaciones sociales que emergieron a  partir del 21 de octubre de 2019, a base de una calificación rápida y en un monto adecuado. En el documento se aclara que el resarcimiento “no inhibe a los familiares de las personas fallecidas a ejercer acciones ante tribunales nacionales o internacionales”. 
• Pesquisas  En el proyecto de ley se establece que el Ministerio Público “abrirá una exhaustiva investigación sobre los hechos que derivaron en el arresto, la aprehensión, las lesiones y la muerte de personas en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre de 2019”.  El documento prevé que esas indagaciones “podrán llevarse a cabo con el acompañamiento” de la Defensoría del Pueblo, de las Naciones Unidas, de la  CIDH, de la Unión Europea,  de la Iglesia y del Legislativo.

Ortiz anuncia impugnación

 El senador Óscar Ortiz,  de Demócratas, sostuvo que el MAS vulneró el reglamento al aprobar  el proyecto Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos. El legislador anunció que interpondrá una impugnación. 

“Nosotros vamos a impugnar porque en la Cámara de Senadores  realizaron una aprobación totalmente viciada de nulidad y eso le quita validez a lo que han hecho,  queriendo quedar bien con sus bases, atropellando el reglamento y eso es lo que hará  invalidar todo ese procedimiento”, afirmó. 

 Por otro lado, Ortiz afirmó que  la presidenta Jeanine Añez anunció que no promulgará el  proyecto, y que si el MAS  insiste,  “se lo va a demandar ante el Tribunal Constitucional”. 

Eva Copa, presidenta del Senado, afirmó que si Añez no lo promulga, ella lo pondrá en vigencia. 

“Lo que  queremos es que todo el proceso de ahora para adelante, en torno a las elecciones venideras de mayo, sea en paz”, expresó.