Tras haber procedido a la detención de la autoridad edil el pasado viernes, autoridades judiciales llevaron adelante la audiencia de medidas cautelares la jornada de ayer, misma que duró alrededor de siete horas.

El alcalde Leyes fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

La autoridad jurisdiccional consideró que los elementos presentados por el Ministerio Público de Cochabamba permiten establecer que el Alcalde "es con probabilidad autor de los delitos por los que se le imputa".

Sin embargo, Leyes deslindó toda responsabilidad en la solicitud, calificación y adjudicación para la adquisición de mochilas para la población escolar de su Municipio y presentó la documentación que acredita la "resolución" del cuestionado contrato por el que fue detenido este viernes.

Durante su comparecencia en la audiencia cautelar, la autoridad municipal entregó al juez la documentación de "resolución del contrato".

Dicha audiencia que debía resolver si se enviaba o no a prisión a Leyes se instaló a las 15:35 y deliberó hasta las 22:57 en la Estación Policial Integral (EPI) Norte de la ciudad de Cochabamba, bajo estricta custodia de un centenar de efectivos policiales.

Durante el desarrollo, la comisión de fiscales, integrada por José Manuel Gutiérrez, María Nesfi Serrano Cuéllar, Samuel Vargas Siles y Frek Gonzalo Aparicio Mendoza había pedido la detención preventiva del alcalde en la cárcel de San Sebastián, porque a su criterio había riesgo de obstaculización y de fuga. 

La decisión de las medidas sustitutivas establece la detención domiciliaria, la prohibición de abandonar Cochabamba, la prohibición de tomar contacto con funcionarios y de concurrir a la Alcaldía, la prohibición de realizar comentarios del caso y la fianza económica. 

Por otra parte, una vigilia ciudadana se instaló desde temprano en inmediaciones de la EPI Norte de la ciudad de Cochabamba y permaneció durante más de 10 horas pendiente primero de la llegada del alcalde y, luego, del desarrollo de las deliberaciones dela audiencia cautelar.

Según la denuncia formulada por la concejala del MAS, Rocío Molina, el alcalde de Cochabamba ordenó la compra irregular de 92.000 mochilas por 12,4 millones de bolivianos, cuando su costo real es de 2,3 millones.