Cabrera detalló, también que su despacho tiene la misión de recuperar para Bolivia 1.000 millones de dólares en cuatro escenarios arbitrales internacionales y más de 2.000 millones de dólares en estrados nacionales, donde se siguen 64.000 procesos a 881 entidades del Estado. Adelantó que se sumará con sus abogados para recuperar el patrimonio del Fondo Indígena (Fondioc); además de reabrir casos como el de Quiborax.

¿Cuál es el avance de los objetivos que se propuso a un mes de haber asumido el cargo?

R. Constatamos la situación catastrófica de la Procuraduría General del Estado, sumida como el patio trasero del anterior ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta.

Era una institución invisibilizada y amordazada. El anterior Procurador, Pablo Menacho, circunscribió su labor a la firma de convenios para pasantías de estudiantes de derecho y a convenios universitarios para la realización de algunos cursos en materia de defensa del Estado, evidentemente respondiendo a la orden de subordinación y sometimiento al anterior Procurador y Ministro de Justicia que era uno de los hombres fuertes en el ámbito de la justicia boliviana.

Eso ha terminado con el cambio al régimen democrático y en este tiempo se están trasluciendo los dos ejes de la Procuraduría, que son independencia y transparencia.

¿Existe coordinación entre la Procuraduría y el Ministerio de Justicia?

R. En el marco de la independencia de la Procuraduría del Estado, tenemos ahora una coordinación institucional, primero con el doctor Álvaro Coimbra, ministro de Justicia y con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, con quien sostuve una primera reunión.

¿Qué temas habló con el Fiscal, Juan Lanchipa?

R. Uno de los temas fue el juicio a los vocales nacionales y departamentales que ya ha iniciado el Ministerio Público, en los cuales la Procuraduría también va a concurrir porque hay un daño de más de 200 millones de bolivianos al Estado en el presupuesto que se ejecutó para la fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019, que el Estado ya perdió.

Alguien tiene que responder por esos recursos económicos.

¿Cuándo desclasificará los archivos de contratos con bufetes extranjeros?

R. Presenté un proyecto de decreto supremo a la presidenta Jeanine Áñez y su gabinete de ministros para anular el Decreto Supremo que autorizaba la contratación directa de bufetes internacionales de abogados sin registro en el Sistema de Contrataciones Especiales (SICOES) y sin protocolizar en las notarías de gobierno del país.

Esperamos su aprobación estos días para poder exhibir al público y desclasificar esos procesos de contratación.

¿Encontró irregularidades hasta ahora?

R. De entrada que están en un archivo distinto, metálico, con llave de seguridad, diferenciado del archivo general de la Procuraduría, como si fueran archivos de secretos militares, lo que creo es lo más absurdo, porque los contratos de un bufete internacional no difieren en nada de cualquier contratación que haga el Estado con una entidad.

El absoluto secretismo y la no transparencia no nos da ningún indicio ni señal de una actuación honesta.

¿Encontró algo fuera de lo normal en los bufetes contenidos en ese archivador?

R. Tenemos el dato de 2,5 millones de dólares de pagos a un solo bufete. En los últimos días de la gestión de Pablo Menacho se terminó de cancelar hasta 2,4 millones de dólares, de manera que resta solamente el pago de 100.000 dólares, cuando el avance del proceso no llega ni al 70%. No se puede entender por qué se adelantan pagos si el avance no es el correspondiente.

¿Cuáles serían los juicios arbitrales en curso y cuál el riesgo para el Estado boliviano de perderlos en términos cuantitativos?

R. Son sólo cuatro los procesos arbitrales que subsisten y suman la cantidad de aproximadamente 1.000 millones de dólares en contra del Estado boliviano.

El más cuantioso es el de la empresa Glencore de 675 millones de dólares; luego AFP Previsión con más de 103 millones; la empresa Air VP que suministraba combustible a la aviación, es de 28 millones de dólares; y el de la empresa minera Orlandini que habla de cientos de millones en sus demandas, pero aún se ha entrado en la etapa del "quantum".

¿Qué se hará con el caso Quiborax? ¿Se puede revisar si representó una cuantiosa pérdida para el Estado?

R. En el caso de Quiborax, estamos ante un evidente mal patrocinio de la defensa del Estado, donde Bolivia fue condenada al pago de millones de dólares. Es un caso con sentencias ejecutoriadas donde hay abundantes indicios de mal patrocinio al Estado.

El más escandaloso es cuando una funcionaria facilita y presta su propia computadora personal a los abogados de la contraparte, quienes accedieron a su información y se la reenviaron a sus correos, dándole solamente una sanción administrativa. También hay muchos otros elementos de posibilidades de cierre del caso con un acuerdo de pago ínfimo en comparación al monto con el que se acabó condenando al Estado boliviano.

La Procuraduría está gestionando una auditoria privada externa independiente, para que estudie cómo se llevó a cabo el proceso de defensa en el caso Quiborax y se identifique a los principales responsables de esta pérdida millonaria por la negligencia, muy probablemente dolosa, de exautoridades.

¿Cuáles fueron los hallazgos sobre la nacionalización?

R. El último es el dado a conocer por el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, de cómo se burló la aplicación de la normativa correspondiente a las empresas públicas, con la retención de únicamente tres acciones, a nombre de un particular de las miles de acciones que compró el Estado boliviano.

Con ese artilugio legal, evitaron que el 100% del paquete sea estatal y por tanto tenga el tratamiento de empresa pública.

En el paquete accionario representan menos algo más del 0%. Sabsa es uno de los casos, como Boa, Entel, Banco Unión, etc.

¿Puede reportar algún avance en el caso del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc)?

R. Con la dirección departamental de la Procuraduría de La Paz, se ha potenciado y reforzado la actuación de recuperación de más de 70 millones de bolivianos en solo uno de los tres casos Fondioc, dos de los cuales están en la departamental de La Paz y uno en Beni.

A la Procuraduría le corresponde plegarse y potenciar la actuación brillante del exdiputado (director del Fondioc), Rafael Quispe, que con mucha dificultad tiene que enfrentar una entidad pequeña como es el Fondo Indígena.

La Procuraduría se sumará con sus abogados para la recuperación de ese patrimonio.

Cabrera es el abogado del Estado, tiene 41 años de edad, nació en Oruro, vivió en Santa Cruz desde sus dos años y ahora radica en la ciudad de El Alto, donde está la sede de la Procuraduría General del Estado.