El país está en un compás de espera al pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que emitirá una declaración sobre el proyecto de ley de prórroga de mandato para autoridades electas y del Ejecutivo.

"El Estado de derecho tiene que estar siempre con varios poderes. La Asamblea Legislativa en Bolivia es prescindible en esta cortísima etapa de transición y se quedan los otros tres poderes que son el Ejecutivo que administrará el Estado, el Judicial que cumple su rol de impartir justicia y el Electoral que se encarga de llevar adelante la transición democrática", informó a la agencia ABI.

El 22 de enero, los asambleístas cesan "ipso juris" en sus funciones, por lo que "cualquier resolución o ley que emita esta Asamblea Legislativa, así tengan la venia del TCP, va a ser nula de pleno derecho porque el artículo 156 de la Carta Magna, dice que el mandato de los asambleístas es de cinco años y, por lo tanto, concluye el 22, indicó.

"Cualquier tipo de actos del legislativo a partir del 22 de enero es nulo de pleno de derecho por usurpación de funciones y nosotros (los abogados) vamos a interpelar cada una de sus decisiones en caso de que el TCP viabilice su prórroga", sentenció.

La Presidenta quien es cabeza de otro órgano, en este caso del Ejecutivo, y está respaldada por la aplicación de la Constitución en el cumplimiento de la transición basada en los artículos 169 y 170, mediante los cuales se habilitó a Áñez para ejercer la sucesión presidencial y realizar la transmisión de mando, explicó.

"Ella sí tiene que quedarse necesariamente hasta la transición, o sea hasta que se elija y se posesione al nuevo presidente elegido democráticamente. Su mandato consiste en llamar a elecciones y realizar la transmisión de mando", interpretó el constitucionalista.

Dijo que, a pesar de estar el país en una situación de emergencia que en lo jurídico se conoce como "Estado de Necesidad Constitucional", y se tiene que cumplir el principio de legalidad, con la "Ley de leyes" y con todas las normas.

Finalmente calificó a la Asamblea Legislativa de "inconfiable" y "peligrosa" para la estabilidad democrática del Estado boliviano, refiriéndose a sus últimas actuaciones, como la aprobación de la "ley de impunidad" en el Senado, a los condicionamientos de estabilidad expresados por la presidenta del Congreso, Eva Copa, y al desconocimiento de la Constitución por parte de los legisladores que ponen en duda la sucesión constitucional de la presidenta Jeanine Áñez.