Medio: La Razón
Fecha de la publicación: viernes 10 de enero de 2020
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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Mientras en Sucre al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analiza por tiempo y materia el proyecto de ley de ampliación de mandato para la presidenta Jeanine Áñez y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Movimiento Al Socialismo (MAS) anticipó este viernes su rechazo a una eventual extensión, argumentando que no existe mecanismo constitucional para ello.
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Para los masistas, el 22 de este mes vence el periodo constitucional 2015-2020, por lo que el 23 Áñez debería dejar el cargo, al igual que todos los legisladores. Además, consideran que ella asume un mando que no le corresponde, ya que hasta la fecha no se aceptó ni se rechazó en la ALP la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.
"Ella es senadora y se acaba su mandato, no hay dónde perdernos; además hasta el momento no tiene ni una resolución que diga que ella es Presidenta ¿Quién le ha dado una resolución que diga que ella es Presidente? Ella es senadora y entonces el 22 se acaba su misión, su cumplimiento de ser senadora y de ser también presidenta", afirmó en conferencia de prensa Leonilda Zurita, dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, una de las principales organizaciones de base del MAS.
La lectura viene desde la propia jefatura nacional de este partido, a cargo de Morales, quien escribió un mensaje con este mismo sentido en su cuenta en Twitter: “Por el voto del pueblo y por Constitución, termina el mandato de las autoridades legislativas el 22 de enero. Ningún órgano del Estado Plurinacional puede ampliar el mandato por encima de la CPE. Los que lo prorroguen, violarán la ley y responderán a la justicia tarde o temprano”.
La postura ya fue expresada por su equipo de abogados en Argentina, donde aún tramita su refugio. El 2 de enero, durante una conferencia de prensa, argumentaron que en Bolivia se vive un estado de “no derecho” que desconoce la continuidad de la presidencia de Morales, por lo que advirtieron que el 23 de enero se producirá un vacío de poder en el país, que en su criterio debería ser llenado por un mandato transitorio de la actual presidenta del TCP, Marìa Cristina Díaz.
Una semana después, alrededor de 90 juristas y docentes extranjeros, entre ellos los abogados de Morales, respaldaron esta lectura y también plantearon que Díaz se haga cargo de la Presidencia de Bolivia a partir del 23 de enero.
“La máxima autoridad constitucional que quedará en pie será el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El camino de la paz sería que ejerza provisionalmente el Ejecutivo en tanto se realicen elecciones transparentes y sin proscripciones, para que el Pueblo Boliviano decida quién quiere que lo gobierne”, argumentaron en una solicitada que publicó La Razón en su edición impresa.
Henry Nina, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), otra de las que forman parte de las bases del MAS, anunció que este sábado, en Oruro, se analizará “la conclusión del mandado constitucional que se cumple el 22 de enero”.
“Nosotros vamos a hacer respetar lo que dice la Constitución Política del Estado. Por eso tenemos reuniones con nuestros parlamentarios. Estamos analizando jurídicamente, aunque es inconstitucional (…) Claro establece la Constitución que son cinco años de mandato, es una situación muy crítica y es por eso que nosotros decidimos que se cumpla la Constitución”, complementó. (10/01/2019)
