Durante el foro denominado: "Libertad de expresión y asfixia económica a los medios de información", organizado por la ANP y la Universidad Católica Boliviana San Pablo, se planteó la necesidad de restablecer al Tribunal de Imprenta -que en algún momento funcionó- para evitar que casos de ética que tengan que ver con el ejercicio del periodismo sean llevados de manera ilegal al ámbito penal.

Se denunció además una estrategia sistemática desde el Gobierno de descalificar a los medios fiscalizadores, estigmatizarlos como "opositores" y condenarlos al no pauteo publicitario al momento de la distribución de la torta, en un contexto de polarización en el trato desde el Estado.

"La propuesta es que dejen de sacar nuevas normas inconstitucionales como la obligatoriedad de ceder páginas y espacios gratuitos que deberían basarse en la responsabilidad de cada medio. La ANP lamenta y condena las acciones del Gobierno tendientes a la asfixia económica de los medios independientes", afirmó el presidente de esta organización, Marcelo Miralles.

Denunció que en el gobierno de Morales se aprobaron 12 leyes y decretos que obligan a los medios a la difusión gratuita de campañas gubernamentales sin pago alguno, y que está latente la amenaza de imponer otra carga equivalente a una tercera parte del Impuesto a las Transacciones (IT), lo que genera inestabilidad financiera de radios, canales de televisión, portales web y diarios hasta empujarlos al borde del cierre.

Miralles afirmó que sindicalistas con afinidad política con el Gobierno, están impulsando el pago de un nuevo impuesto destinado a un fondo "privado" que representa un tercio del Impuesto a las Transacciones (IT), bajo el argumento de crear un seguro de vida para periodistas, un proyecto cuestionado por su falta de transparencia.

"Estamos pidiendo que se deje de lado la Ley Hermanos Peñasco de seguro de vida, ya que no cumple su función específica y que sean los medios los que contraten los seguros de vida privados directamente para sus empleados, con un beneficio real que incluya los gastos médicos y la inhabilidad temporal, porque el seguro de vida (como está) solo cubre muerte e invalidez permanente", afirmó.

En cuanto a la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, dijo que nunca estuvo en contra del espíritu, pero que lamentablemente debido al artículo 16, en el que se establece que los medios que publiquen y/o autoricen ideas racistas o discriminatorias serán sujetos a sanciones y la suspensión de licencias", los medios se autocensuraron de espacios de participación de sus lectores o seguidores. "Los portales solo tienen una carita feliz o enojada, algún emoticón", dijo.

"En Bolivia la forma en que se generaba la censura previa en gobiernos dictatoriales era a través de ataques directos a los medios de comunicación, atentados terroristas, encarcelamiento de periodistas, restricciones en el cupo de papel, actualmente se ha cambiado la modalidad y se lo ha hecho a través de inclusión de normas inconstitucionales que vulneran derechos internacionales", dijo.

Ante la actual coyuntura de los medios de comunicación, Miralles dijo que la ANP analiza una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque no solo se está vulnerando los derechos de los periodistas y los medios de comunicación, sino también de la población que merece ser informada de manera plural e independiente de las intromisiones.

DESPIDOS MASIVOS

El presidente de la ANP calificó de preocupante los despidos masivos que se están dando en varios medios de comunicación, sobre todo de periodistas que generan opinión analítica, y que en lugar de fortalecer sus equipos de prensa, los canales apostaron por la farándula, lo cual les genera menos problemas con el Gobierno.

"No hay estadísticas de todos los medios porque representamos a los principales medios impresos y una agencia de noticias, pero hay casos concretos como en Los Tiempos, donde se despidieron como 30 personas, en El Deber otro tanto similar, en La Razón también despidieron, son ajustes para poder sobrevivir ante esta asfixia económica", dijo.

POLARIZACIÓN DE LOS MEDIOS

Por su parte, el director de la carrera de Comunicación de la UCB, Rafael Loayza, dijo que el Gobierno de Evo Morales aplicó de manera "hábil", la polarización con el propósito de mostrar a los medios de comunicación fiscalizadores como la "oposición "y como quienes no están interesados en el desarrollo en el país. 

En análisis de Loayza, Morales causó un grave daño a la democracia apuntando a los periodistas como militantes de partidos opositores, restándoles su capacidad fiscalizadora y anulando la credibilidad de los medios fiscalizadores bajo en denominativo "el cartel de la mentira".

"Primero se les quita credibilidad, después se les persigue y ahora hay las presiones tributarias. Cuando aparece un medio de línea editorial crítica al Gobierno, aparecen instancias tributarias y empiezan a revisar los cuadernos de contabilidad, se trata de un chante velado porque no hay explicación entre las publicaciones y la presencia de Impuestos", dijo.

Denunció además que el Gobierno pasó de tener el control sobre el 25% de la pauta publicitaria en 2006 al 75% en la actualidad, lo cual resulta determinante para medios de comunicación de mediana o pequeña economía. "La distribución de la torta publicitaria en el periodo de la democracia pactada (1985-2005) era más equitativa, había mayor conciencia general de la repartición de la publicidad", sostuvo.