Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: sábado 11 de enero de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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Los senadores de UD y del PDC abandonaron anoche la sesión del Senado cuando el MAS empezó el tratamiento de la ley de Garantías Constitucionales para víctimas y movilizados nacionales y extranjeros en los conflictos de noviembre. Los legisladores del partido de Evo Morales aprobaron la norma que debe garantizarse la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, además para las personas movilizadas del campo y la ciudad.
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La iniciativa legal fue devuelta a Diputados, instancia donde se aprobó el 6 de diciembre, porque hubo modificaciones. El Gobierno de Jeanine Áñez rechazó la norma y advirtió con no promulgarla cuando fue aprobada en Diputados.
El parágrafo primero del artículo 7 establece: “El Estado, a través de sus órganos y sus institucionales competentes garantizarán el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianas y bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”.
El parágrafo siguiente añade: “Las bolivianas y bolivianos, los extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia para el resguardo efectivo de sus derechos que consideren estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida, integridad física y/o sus bienes estén en riesgo, a sola denuncia verbal o escrita ante autoridad competente deberán activar de manera inmediata las acciones necesarias, pertinentes y eficaces”.
La presidenta del Senado, Eva Copa, explicó que la aprobación de la ley da cumplimiento a los acuerdos alcanzados en las negociaciones para pacificar el país.
Después de las elecciones anuladas del 20 de octubre y tras la dimisión de Morales, el 10 de noviembre, se desataron una serie de hechos de violencia que acabaron con más de 30 muertos, la mayoría en Sacaba y Senkata, donde intervinieron fuerzas policiales y militares. Dirigentes y políticos son acusados de promover la violencia. Hay varios procesos por sedición y terrorismo.
Senadores de UD y PDC
Senadores como Óscar Ortiz abandonaron la sesión cuando el MAS empezó a tratar la norma legal cuestionada por UD y el PDC. "Impugnaremos esta sesión por vicios de nulidad. La Comisión de Constitución que presido, no presentó informe, requisito indispensable para su tratamiento", dijo.
Áñez descartó en varias ocasiones promulgar la ley tramitada por considerar implicaba dar impunidad a exautoridades y dirigentes envueltos en delitos.
