Advirtió que con esta ley, el MAS busca generar nuevamente conflictos sociales ante lo cual la oposición alista recursos legales para impedir la vigencia de esta ley. Sin embrago el MAS la defiende con el argumento de ser una reafirmación de los derechos y garantías constitucionales que no solamente beneficia a los bolivianos sino también extranjeros que radican en el país.

De hecho la Comisión de Constitución del Senado presidida por el opositor Oscar Ortiz, anunció que impugnará la aprobación de la ley porque no cumplió el trámite reglamentario para ser considerado primero e informado por esa instancia legislativa.

Sin embargo en la Cámara de Diputados, a donde se prevé retornará con modificaciones la próxima semana, la oposición alista un recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional por incumplimiento del Reglamento General de Debates e inobservancia de la Constitución Política del Estado.

El senador Omar Aguilar (MAS) aclaró que los senadores de su partido decidieron aprobar el proyecto de Ley de Garantías, ahora llamada “Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos”, ante el incumplimiento de parte del Gobierno de hacer conocer un criterio, hasta la primera semana de este mes, sobre los artículos que comprometen recursos financieros en favor de las víctimas y los heridos de Senkata y Sacaba.

“Hubo un compromiso ante la Conferencia Episcopal de que después del receso, el Ejecutivo debió enviar a la presidencia de la Cámara de Senadores el informe positivo o negativo por los dos artículos que comprometían recursos, no ha llegado y, por tanto, se han incumplido los acuerdos que teníamos y por eso la Cámara aprobó el texto acordado por las tres fuerzas políticas (incluyendo al PDC-UD)”, manifestó.

Dijo que el proyecto de ley fue devuelto a la Cámara de Diputados donde el MAS descarta objeciones al contenido debido a que el texto fue consensuado con las bancadas opositoras del PDC y Unidad Demócrata y lo que corresponde –según Aguilar– es aprobar el documento modificado y enviar al Ejecutivo para su respectiva promulgación.

Ratificó que si en el término de 10 días, una vez enviada a Palacio de Gobierno, la presidenta Jeanine Áñez no promulga la ley, lo haría la presidenta del Congreso Eva Copa, aunque el senador del MAS cree que esto ya dependerá de la respuesta que dé el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la legalidad o no de la ampliación de mandato.