Entre algunos de los peticionantes están los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas y Dunia Sandoval, el exmagistrado Gualberto Cusi y  el abogado Eduardo León; además del caso relacionado con  la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Cejis y el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Ceadl).

La exvocal  Dunia Sandoval, quien renunció al TSE el 30 de enero de 2019, dijo que se vio sorprendida por la celeridad con que se atienden algunos casos en comparación con otros. 

“Sorprende la rapidez con la que se actuó, no juzgo si es correcto o no, toda persona que se siente amenazada puede solicitar medidas precautorias. Antonio Costas y yo presentamos nuestra solicitud a la CIDH en noviembre de 2018. En la prensa de ese año se puede ver que recibimos amenazas públicas del vicepresidente del MAS, Gerardo García; del diputado Víctor Borda, del vicepresidente Álvaro García Linera y otros”, señaló.

Remarcó que entonces denunciaron ante la CIDH que sufrieron presiones para aplicar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y  habilitar la candidatura de Evo Morales a pesar del referendo del 21F. Subrayó que pese a no obtener ninguna respuesta, ambos emitieron un voto  disidente.

“La CIDH no nos respondió hasta el momento, la realidad es que la solicitud era con carácter de urgencia. Si ahora nos dieran una respuesta, no tendría ningún sentido. Para qué si ya no estamos en el cargo, ya no es oportuno”, expresó Sandoval.

El caso del exmagistrado  Gualberto Cusi es otro  en el  que la CIDH no se pronunció. Desde que el extribuno presentó su solicitud pasaron más de cinco años y él señala que su proceso fue archivado. “En el tema del juicio de responsabilidades fuimos víctimas tres magistrados yo, Ligia Velásquez y Soraida Chánez. Al agotar la vía interna,  Velásquez presentó el caso a la CIDH en 2014. Ahí nos adherimos  Chánez y mi persona. Demandamos al Estado por la violación de nuestros derechos humanos”, manifestó. 

La demanda de medidas cautelares fue interpuesta en la instancia internacional en septiembre 2014. En diciembre de ese año   la CIDH solicitó a Cusi  que presente más documentación sobre su pedido.  El extribuno dijo que su solicitud fue admitida en septiembre de 2018, pero que su caso quedó archivado.

 “Cuando viajé a Estados Unidos me dijeron que me notificaron, pero no recibí ninguna notificación y el proceso dejó de activarse. Lo que corresponde para resolver este caso de forma más directa es ir a una solución amistosa. Nuestra demanda fue archivada, me entere cuando fuimos con Tuto Quiroga a la Organización de Estados Americanos (OEA) recientemente”, relató.

Cusi dijo que la instancia tenía conocimiento inclusive de la violación de sus derechos de manera flagrante,   cuando el exministro de Salud  Juan Carlos Calvimontes  reveló la enfermedad que padecía vulnerando el derecho a la confidencialidad de la que gozan los pacientes.  

El abogado Eduardo León también  solicitó medidas cautelares a la CIDH en 2016,  denunciando la violación de sus derechos humanos por su apresamiento y la anulación de su título profesional. El jurista indicó que hasta la fecha no recibió ninguna respuesta por parte del organismo internacional.

 “Mi caso fue presentado a partir del 17 de mayo de 2016. El Colegio de Abogados, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y mi persona presentaron una solicitud de medidas cautelares. Esa respuesta no llegó. Hasta el día de hoy seguimos esperando, yo ya estoy en libertad y la medida cautelar no tuvo  ningún resultado”, expresó.

Respecto a la celeridad que se aplicó en el caso de la defensora Nadia Cruz, León señaló que el hecho demuestra que se obedece a una “tendencia ideológica”.   

En octubre de 2016, la Apdhb, el Cedib, el Cejis y el Ceadl solicitaron medidas cautelares contra la aplicación de la ley  que exige a las ONG alinearse con políticas estatales para no perder su personalidad jurídica. Las entidades acudieron  a la CIDH luego de que el TCP rechazara un recurso interpuesto por el entonces defensor del Pueblo, Rolando Villena. 

   “Luego de más de un año nuestra petición no fue admitida y no se especificaba la razón”, dijo Marco Antonio Gandarillas, exdirector del Cedib, quien considera que en el caso de la Defensora del Pueblo   se actuó rápidamente por “razones políticas”.

  Caso   Sandoval y  Costas 

El 25 de noviembre  de 2018, Antonio Costas y Dunia Sandoval, entonces vocales del TSE, solicitaron a la CIDH medidas cautelares  pidiendo que  se garantice su trabajo sin presiones. Ambos se declararon disidentes en la resolución que habilitó la candidatura de Evo Morales para los comicios del 20 de octubre de 2019. Aún no hay respuesta.

 Caso extribuno Gualberto  Cusi

En septiembre de 2014, el entonces magistrado Gualberto Cusi pidió a la CIDH le otorgue medidas cautelares por la violación a sus derechos humanos por parte del Estado. Cusi fue procesado y suspendido del TCP por suspender la aplicación de la  Ley del Notariado. Además, un ministro reveló su historia clínica. Su caso fue archivado.