Esa fue la principal coincidencia entre los panelistas del foro Libertad de expresión y asfixia financiera a medios de información, que organizó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y que se llevó a cabo ayer por la mañana en La Paz.

12 leyes y decretos que obligan a la difusión gratuita de campañas gubernamentales, la persecución tributaria a medios independientes y la amenaza de imponer otra carga equivalente a una tercera parte del Impuesto a las Transacciones (IT) amenazan la estabilidad financiera de radios, canales de televisión, portales web y diarios, hasta empujarlos al borde del cierre, afirmó el presidente de la ANP, Marcelo Miralles.
William Herrera, abogado y presidente del tribunal de autorregulación de la ANP, mencionó que la Ley contra el Racismo ha sido un instrumento que se utiliza para penalizar el trabajo de los medios de forma transversal a la Ley de Imprenta. Miralles hizo énfasis en los ataques del servicio de impuestos. “En los medios tuvimos inspecciones del Senasir donde se pide información contable de hace 32 años, eso pasó en mi medio (es gerente del diario La Patria, de Oruro), nos pidieron información de 1987 y nos pusieron multas cuando no pudimos encontrar los reportes, pese a que el Código de Comercio establece que se debe guardar la información por cinco años y la nueva reforma tributaria señala que por diez”.

El director de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica, Rafael Loayza, añadió la polarización de los medios como otra estrategia.
“El Gobierno busca quitar credibilidad a medios independientes con campañas como la del cártel de la mentira. Apuesta por conseguir su propiedad de formas raras como describe (el periodista) Raúl Peñaranda en su libro Control remoto”. Tras adquirir acciones, apropiarse económicamente de ellos, generan una línea editorial que es oficialista y consecuentemente se polariza con la de los medios que buscan fiscalizar el poder.