A pesar de que la Ley de Garantías no estaba en agenda, el MAS usó el rodillo con que cuenta para imponer el tratamiento de la norma, lo cual causó que los senadores de los otros partidos abandonen la sala en protesta por lo sucedido.

Los senadores del MAS aprobaron la ley en grande y detalle, pero con modificaciones al texto que con anterioridad fue aprobado en Diputados. 

La presidenta del Senado, Eva Copa, explicó que el proyecto cambió de nombre y pasó a llamarse la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos.

Asimismo, según Copa, se eliminó el artículo 7, el cual era cuestionado porque ratificaba las garantías para que exautoridades sean procesadas bajo juicio de responsabilidades y, también, otorgaba protección especial a autoridades electas que la requirieran incluso de manera verbal,

Dadas las modificaciones, el proyecto debe volver a Diputados para su tratamiento.

Copa justificó la actitud del MAS bajo el argumento de que existen heridos de los hechos de noviembre, incluso de bala, que no tiene cubierto su tratamiento. La norma prevé que se resarza a las familias de fallecidos y se apoye a los heridos.

Dijo que tampoco el Gobierno no ha cumplido con el acuerdo que firmó con las organizaciones sociales, para pacificar el país. Acotó que el proyecto de ley se trabajó con los facilitadores del diálogo: ONU, UE y la Iglesia Católica.

El senador de UD, Óscar Ortiz, señaló que la aprobación tiene vicios de nulidad, puesto que la Comisión de Constitución aún no ha evacuado el informe respecto al análisis de la Ley, pero tampoco llegaron al parlamento los informes que se pidieron a tres ministerios.

Ortiz anunció que impugnará la aprobación de la ley y que, de consolidarse esa norma, la remitirá al Tribunal Constitucional.

Copa dijo que las personas heridas no pueden esperar a que ministerios envíen sus informes. Señaló que la sesión en que se aprobó la ley tenía quórum, lo cual le otorga legitimidad, pero el senador Ortiz puede seguir las acciones que considere.

La presidenta Jeanine Áñez ya anunció con anterioridad que ella no promulgaría dicha norma.

Copa advirtió que si el Órgano Ejecutivo se rehúsa a promulgar la ley, ella  mismo como presidenta de la Asamblea lo hará.

La Constitución prevé que la presidenta puede observar una ley aprobada en la Asamblea, pero, si el Legislativo considera infundada la objeción, puede promulgar la norma en controversia.