En Bolivia se puede decir que, gracias a los acuerdos políticos de 1992, los votos se cuentan bien. Se estableció entonces la denominada “preclusión”, que establece, entre otras cosas, que las actas de votación son inviolables.

Editorial

Fallo de NNUU contra el Estado

En Bolivia se puede decir que, gracias a los acuerdos políticos de 1992, los votos se cuentan bien. Se estableció entonces la denominada “preclusión”, que establece, entre otras cosas, que las actas de votación son inviolables.

Si bien no existe propiamente fraude electoral, en el sentido de distorsionar el recuento de votos, han ocurrido algunas irregularidades que han dado lugar a que la competencia electoral sea inequitativa.

Una de ellas hizo noticia justamente esta semana, cuando el Comité de Derechos Humanos, que se rige mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aceptó las demandas presentadas por dos exlegisladores del MAS y ordenó el pago de un resarcimiento económico para ambos. El Comité le ha dado 180 días de plazo al Gobierno para que establezca a cuánto ascenderá esa compensación, emita resoluciones que eviten problemas similares en el futuro y se comprometa a difundir el fallo en los idiomas oficiales.

Los dos exlegisladores, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, fueron afectados por una ilegal resolución aprobada por el TSE en 2014, que les impidió ser candidatos a las alcaldías de Cochabamba y Potosí, respectivamente. La resolución, que el fallo de las NNUU señaló que violó los derechos políticos y civiles de ambos, estableció un absurdo legal: las personas deben residir oficialmente en el lugar donde quieren postular a un cargo electivo. Como ambos habían residido en La Paz, porque eran parlamentarios, y la sede del Legislativo está en esa ciudad, ya no pudieron ser candidatos en sus localidades. 

La resolución tenía varios problemas: primero, no tomaba en cuenta la diferencia entre residencia y domicilio ya que ambos afectados estaban domiciliados en sus ciudades, y por lo tanto debieron poder postular, pero no residían en las mismas, por el obvio motivo ya señalado. Segundo, de facto establecía que todos los legisladores no podrían postular a otros cargos en localidades del interior del país, por ejemplo, a alcaldías y gobernaciones.

La conclusión es que la resolución estaba destinada específicamente a perjudicar a los exlegisladores del MAS que tuvieron problemas con el partido, provocando que éste iniciara acciones en su contra. El Ejecutivo manipuló al TSE, que aprobó esta resolución. Para entonces, Delgado y Maldonado eran considerados candidatos opositores y ninguno de los dos pudo participar en los comicios. Ambos eran favoritos para vencer en sus distritos en las elecciones regionales de 2015.

Por lo anterior, fue obvia y grosera la manipulación de los entonces vocales del MAS que asumieron esa decisión, todos ellos funcionales a los intereses del Gobierno: Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Dina Chuquimia, Wilma Velasco, Wilfredo Ovando y Ramiro Paredes. 

Tan obvio y grosero fue su accionar, en realidad, que las NNUU les dio la razón a los dos afectados.

El Gobierno está ante un problema: si no acata el fallo y no paga las compensaciones económicas requeridas estaría contraviniendo al sistema jurídico de NNUU. Parte de ese sistema internacional incluye a la Corte de La Haya, en la que Bolivia demandó a Chile. Por eso el oficialismo, en este caso, no puede dejar de aceptar el fallo a favor de Delgado y Maldonado.

Los vocales mencionados más arriba cometieron otras faltas democráticas graves: un mes antes de las elecciones regionales de 2015 anularon las candidaturas de 228 postulantes del Movimiento Demócrata Social en el departamento del Beni, muchos de ellos favoritos. También, en Chuquisaca, al aceptar la anulación de los votos del FRI en el escrutinio departamental, los vocales lograron cambiar el universo de sufragios y, con ello, Esteban Urquizu del MAS, que no había logrado la mayoría de votos, evitó pasar a la segunda vuelta, en la que pudo haber sido derrotado.

Aunque sólo en parte, gracias a las NNUU se ha hecho justicia ante estas flagrantes irregularidades electorales promovidas por el Gobierno.